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Una mujer se hospedaba en una casa rural junto con sus amigos, cuando llegó a su habitación y se encontró con un documento que la dejó sin aliento. Al encima de la mesa, seis folios de normas le habían sido colocados, marcados en rojo como si fueran de obligado leer. Según Helena Pascual, abogada que asistió a su cliente, lo que estaba escrito en esos documentos era claramente una amenaza.
"Te informaban de que sólo se podían interponer reclamaciones a través de formularios oficiales y que si se encontraban alguna crítica negativa en redes sociales o portales que pudieran dañar su imagen o causar algún perjuicio económico al establecimiento, se reservaban el derecho de interponer acciones judiciales", explicó la abogada. "Esto roza la intimidación".
En otras palabras, lo que estaba diciendo el documento era que si la mujer tenía alguna opinión negativa sobre la casa o su dueño, se la denunciaría y se tomarían acciones legales contra ella. Pascual considera que este tipo de cláusulas son abusivas y tratan de asustar al consumidor para restringir su libertad de expresión.
"Un establecimiento no puede limitar el derecho a opinar siempre que lo que digas sea verdad", enfatizó.
Pero, en los comentarios de la publicación, muchos usuarios han argumentado que si las reseñas son difamatorias, está en su derecho emprender acciones legales. Sin embargo, Pascual ha señalado que no se pueden "meter en el mismo saco" las críticas negativas y las difamatorias.
La Comunidad de Madrid, a través de su web, advierte que si las reseñas son falsas, pueden incurrir en delitos penales como el contra el honor o injurias, infracciones civiles como atentar contra el honor, vulneración de la normativa de protección de datos y vulneración de la Ley de Competencia Desleal.
"Te informaban de que sólo se podían interponer reclamaciones a través de formularios oficiales y que si se encontraban alguna crítica negativa en redes sociales o portales que pudieran dañar su imagen o causar algún perjuicio económico al establecimiento, se reservaban el derecho de interponer acciones judiciales", explicó la abogada. "Esto roza la intimidación".
En otras palabras, lo que estaba diciendo el documento era que si la mujer tenía alguna opinión negativa sobre la casa o su dueño, se la denunciaría y se tomarían acciones legales contra ella. Pascual considera que este tipo de cláusulas son abusivas y tratan de asustar al consumidor para restringir su libertad de expresión.
"Un establecimiento no puede limitar el derecho a opinar siempre que lo que digas sea verdad", enfatizó.
Pero, en los comentarios de la publicación, muchos usuarios han argumentado que si las reseñas son difamatorias, está en su derecho emprender acciones legales. Sin embargo, Pascual ha señalado que no se pueden "meter en el mismo saco" las críticas negativas y las difamatorias.
La Comunidad de Madrid, a través de su web, advierte que si las reseñas son falsas, pueden incurrir en delitos penales como el contra el honor o injurias, infracciones civiles como atentar contra el honor, vulneración de la normativa de protección de datos y vulneración de la Ley de Competencia Desleal.