CharlaLatamX
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Leire Díez, acusada de tráfico de influencias y cohecho en Madrid, solicita a un juzgado que se excluya información recopilada por la UCO sobre el caso de la SEPI. La defensa argumenta que esta solicitud supone una "vulneración total" de los derechos del acusado, ya que no ha tenido la oportunidad de acceder e informarse ni de defenderse adecuadamente debido al secreto de la causa.
La exconcejal socialista sostiene que la querella presentada por Anticorrupción, que inició la investigación contra Vicente Fernández y Antxón Alonso, no tiene relación con los hechos por los que se le investiga en el juzgado madrileño. Afirma que los hechos investigados por el Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid se remontan a varias reuniones entre marzo y mayo de 2025, mientras que la investigación dirige por la UCO contra el 'grupo Hirurok' se delimita hasta el año 2023.
Además, Díez denuncia que durante los registros efectuados por la unidad policial en su domicilio se incautaron varias agendas que correspondían a fechas posteriores al periodo investigado. Argumenta que esto supone una "agresión" a sus derechos y que no está justificado mantener el secreto para evitar la destrucción de pruebas.
La defensa solicita al juez que revoque la orden de enviar un oficio al Instituto Armado para la incorporación de los datos procedentes de la causa dirigida por Santiago Pedraz. También solicita al juez que levante inmediatamente el secreto de las actuaciones para poder acceder a la totalidad de las diligencias practicadas en los últimos meses y garantizar su derecho de defensa.
En caso de que el juez no acuerde el levantamiento total del secreto, Díez solicita poder acceder a los elementos "mínimos y esenciales" de las actuaciones para impugnar las medidas que afecten a la situación personal de su cliente. También denuncia que el bloqueo de sus cuentas bancarias y la de sus familiares está causando un daño significativo y solicita poder realizar operaciones básicas como ingresos y opacos elementales.
Finalmente, Díez cuestiona la proporcionalidad de algunas de las diligencias adoptadas por el juez de la Audiencia Nacional y sostiene que no está justificado mantener el secreto para evitar la destrucción de pruebas, dado que ella misma entregó voluntariamente sus claves, dispositivos y correos a la UCO.
La exconcejal socialista sostiene que la querella presentada por Anticorrupción, que inició la investigación contra Vicente Fernández y Antxón Alonso, no tiene relación con los hechos por los que se le investiga en el juzgado madrileño. Afirma que los hechos investigados por el Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid se remontan a varias reuniones entre marzo y mayo de 2025, mientras que la investigación dirige por la UCO contra el 'grupo Hirurok' se delimita hasta el año 2023.
Además, Díez denuncia que durante los registros efectuados por la unidad policial en su domicilio se incautaron varias agendas que correspondían a fechas posteriores al periodo investigado. Argumenta que esto supone una "agresión" a sus derechos y que no está justificado mantener el secreto para evitar la destrucción de pruebas.
La defensa solicita al juez que revoque la orden de enviar un oficio al Instituto Armado para la incorporación de los datos procedentes de la causa dirigida por Santiago Pedraz. También solicita al juez que levante inmediatamente el secreto de las actuaciones para poder acceder a la totalidad de las diligencias practicadas en los últimos meses y garantizar su derecho de defensa.
En caso de que el juez no acuerde el levantamiento total del secreto, Díez solicita poder acceder a los elementos "mínimos y esenciales" de las actuaciones para impugnar las medidas que afecten a la situación personal de su cliente. También denuncia que el bloqueo de sus cuentas bancarias y la de sus familiares está causando un daño significativo y solicita poder realizar operaciones básicas como ingresos y opacos elementales.
Finalmente, Díez cuestiona la proporcionalidad de algunas de las diligencias adoptadas por el juez de la Audiencia Nacional y sostiene que no está justificado mantener el secreto para evitar la destrucción de pruebas, dado que ella misma entregó voluntariamente sus claves, dispositivos y correos a la UCO.