CharlaDelContinenteX
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Las ONG expresan su sorpresa y decepción por la decisión de Meta, dueña de Facebook e Instagram, de bloquear buena parte de sus contenidos promocionados en los dos canales. Según las organizaciones no gubernamentales (ONG) y activistas que han estado denunciando este veto, es una interpretación radical de la ley europea sobre transparencia y segmentación de la publicidad política (TTPA), diseñada para proteger el debate público online y aumentar la trazabilidad de los anuncios políticos.
El problema es que Meta ha optado por aplicar un veto general, lo que significa que no habrá anuncios vinculados a la política en sus sistemas. La justificación de la compañía es la entrada en vigor de la TTPA, pero las ONG argumentan que esta decisión es una forma de "amordazar al sector no lucrativo" y limitar la libertad de expresión y el derecho a la información.
Según Edurne Rubio, directora de Comunicación y Captación de Fondos de Oxfam Intermón y miembro de la junta directiva de la Asociación Española de Fundraising (AEFr), este veto es "una disyuntiva imposible" para las plataformas que operan en la UE. El resultado es que las consecuencias de este veto son devastadoras para un sector que depende en gran medida de las redes sociales para llegar a la ciudadanía, con una caída del 60% en alcance y resultados.
Las organizaciones denuncian que esta restricción no solo limita la libertad de expresión de las ONG, sino que también reduce el derecho de la ciudadanía a recibir información plural y veraz sobre asuntos de interés general. "Se restringe el activismo que da sentido a la labor de las ONG", afirman.
La Comisión Europea ha recalcado que la nueva ley no prohíbe la publicidad política ni regula en modo alguno el contenido de los anuncios políticos, pero considera que el veto es una cuestión empresarial que puede valorar. Sin embargo, las ONG afean que no todas las empresas del sector han optado por un apagón general y que Google ha optado por una pausa temporal.
La batalla se libra en dos frentes: uno técnico, para navegar el opaco algoritmo de Meta, y otro político, para evitar que una ley de transparencia se consolide como una mordaza para el activismo. Las ONG trabajan a contrarreloj en una estrategia de contingencia para "sortear" el veto y conseguir que sus campañas sigan teniendo visibilidad.
En resumen, la decisión de Meta es una forma de limitar la libertad de expresión y el derecho a la información, y las ONG y activistas denuncian que esta restricción va más allá del alcance de la ley europea.
El problema es que Meta ha optado por aplicar un veto general, lo que significa que no habrá anuncios vinculados a la política en sus sistemas. La justificación de la compañía es la entrada en vigor de la TTPA, pero las ONG argumentan que esta decisión es una forma de "amordazar al sector no lucrativo" y limitar la libertad de expresión y el derecho a la información.
Según Edurne Rubio, directora de Comunicación y Captación de Fondos de Oxfam Intermón y miembro de la junta directiva de la Asociación Española de Fundraising (AEFr), este veto es "una disyuntiva imposible" para las plataformas que operan en la UE. El resultado es que las consecuencias de este veto son devastadoras para un sector que depende en gran medida de las redes sociales para llegar a la ciudadanía, con una caída del 60% en alcance y resultados.
Las organizaciones denuncian que esta restricción no solo limita la libertad de expresión de las ONG, sino que también reduce el derecho de la ciudadanía a recibir información plural y veraz sobre asuntos de interés general. "Se restringe el activismo que da sentido a la labor de las ONG", afirman.
La Comisión Europea ha recalcado que la nueva ley no prohíbe la publicidad política ni regula en modo alguno el contenido de los anuncios políticos, pero considera que el veto es una cuestión empresarial que puede valorar. Sin embargo, las ONG afean que no todas las empresas del sector han optado por un apagón general y que Google ha optado por una pausa temporal.
La batalla se libra en dos frentes: uno técnico, para navegar el opaco algoritmo de Meta, y otro político, para evitar que una ley de transparencia se consolide como una mordaza para el activismo. Las ONG trabajan a contrarreloj en una estrategia de contingencia para "sortear" el veto y conseguir que sus campañas sigan teniendo visibilidad.
En resumen, la decisión de Meta es una forma de limitar la libertad de expresión y el derecho a la información, y las ONG y activistas denuncian que esta restricción va más allá del alcance de la ley europea.