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Un fiscal general condenado por primera vez en su carrera. La sentencia del Tribunal Supremo que hoy se espera que sea pública, pone fin a una historia de poder y protección que ha rodeado al máximo responsable de la Fiscalía General.
Álvaro García Ortiz, el hombre que se convertirá en el primer fiscal general de España en ser condenado por revelar datos reservados, quedará inhabilitado durante dos años para ejercer como fiscal general. También tendrá que pagar una multa de 7.200 euros y indemnizar a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, cuyo caso es el que ha llevado al juicio.
El fiscal general fue acusado de filtrar un correo electrónico confidencial entre su esposa e Isabel Díaz Ayuso en 2018. La pareja había hablado por teléfono sobre cómo obtener documentos de la Fiscalía General para presentar una denuncia, lo que generó un gran revuelo.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha sido dividida en su sentencia, con cinco votos a favor de condenar al fiscal general y dos en contra. Dos magistradas progresistas, Susana Polo y Ana Ferrer, han anunciado que se oponen a la mayoría.
La sentencia aún no ha sido redactada ni notificada, pero eso no obsta a que García Ortiz pierda su puesto como fiscal general. El Reglamento de la Fiscalía establece que la condena debe ser formalizada y ejecutada para que tenga efecto.
La condena es muy inferior a las que pedían las acusaciones. La pareja de Isabel Díaz Ayuso había solicitado cuatro años de cárcel, mientras que la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) había pedido seis años de presidio.
El fiscal general todavía podrá interponer recursos. El primero será el incidente de nulidad, y después el salto ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo, las fuentes conocedoras del caso explican que García Ortiz acudirá en amparo al Constitucional.
La condena es un golpe para el fiscal general y su equipo. La Fiscalía General ha estado bajo el control de la pareja de Isabel Díaz Ayuso desde que el fiscal general asumió el cargo, lo que ha generado muchas sospechas de nepotismo.
El caso ha sido uno de los más polémicos en la historia de la Fiscalía General, y la condena del fiscal general es un ejemplo de cómo el poder se puede desmoronar.
Álvaro García Ortiz, el hombre que se convertirá en el primer fiscal general de España en ser condenado por revelar datos reservados, quedará inhabilitado durante dos años para ejercer como fiscal general. También tendrá que pagar una multa de 7.200 euros y indemnizar a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, cuyo caso es el que ha llevado al juicio.
El fiscal general fue acusado de filtrar un correo electrónico confidencial entre su esposa e Isabel Díaz Ayuso en 2018. La pareja había hablado por teléfono sobre cómo obtener documentos de la Fiscalía General para presentar una denuncia, lo que generó un gran revuelo.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha sido dividida en su sentencia, con cinco votos a favor de condenar al fiscal general y dos en contra. Dos magistradas progresistas, Susana Polo y Ana Ferrer, han anunciado que se oponen a la mayoría.
La sentencia aún no ha sido redactada ni notificada, pero eso no obsta a que García Ortiz pierda su puesto como fiscal general. El Reglamento de la Fiscalía establece que la condena debe ser formalizada y ejecutada para que tenga efecto.
La condena es muy inferior a las que pedían las acusaciones. La pareja de Isabel Díaz Ayuso había solicitado cuatro años de cárcel, mientras que la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) había pedido seis años de presidio.
El fiscal general todavía podrá interponer recursos. El primero será el incidente de nulidad, y después el salto ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo, las fuentes conocedoras del caso explican que García Ortiz acudirá en amparo al Constitucional.
La condena es un golpe para el fiscal general y su equipo. La Fiscalía General ha estado bajo el control de la pareja de Isabel Díaz Ayuso desde que el fiscal general asumió el cargo, lo que ha generado muchas sospechas de nepotismo.
El caso ha sido uno de los más polémicos en la historia de la Fiscalía General, y la condena del fiscal general es un ejemplo de cómo el poder se puede desmoronar.