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Una joven estudiante de medicina rumeña se ha venido vengando contra una universidad que le exigía 32.500 euros para trasladarse a otra institución de educación superior.
La joven, matriculada en la Facultad de Medicina de la Universidad Ovidius de Constanța, decidió cambiar de carrera debido a razones personales y académicas. Fue entonces cuando la universidad le impuso una condición exorbitante: debía pagar el equivalente a seis años completos de matrícula, aunque solo había cursado una parte de los estudios.
La joven consideraba que se trataba de una exigencia desproporcionada e injusta, por lo que decidió ir a la justicia para impugnar la validez de dicha cláusula contractual. El Tribunal de Primera Instancia de Constanța le dio la razón y declaró abusiva la cláusula del contrato educativo que establecía el pago completo de los estudios en caso de traslado.
El tribunal no solo ordenó a la universidad devolverle el dinero cobrado indebidamente, sino también con intereses. Además, se le pidió a la institución asumir los costes judiciales del proceso. La joven considera que esta decisión es una victoria no solo por ella misma, sino por todos los estudiantes que pueden encontrarse en la misma situación y están vulnerables frente a las instituciones.
El abogado de la joven sostuvo que el contrato entre estudiantes y universidades debe regirse por principios de equidad y legalidad. Las cláusulas que condicionan el acceso a la educación o penalizan desproporcionadamente los traslados no pueden ser aceptadas en un sistema democrático.
La universidad ha presentado un recurso de apelación, por lo que la decisión judicial aún no es definitiva.
La joven, matriculada en la Facultad de Medicina de la Universidad Ovidius de Constanța, decidió cambiar de carrera debido a razones personales y académicas. Fue entonces cuando la universidad le impuso una condición exorbitante: debía pagar el equivalente a seis años completos de matrícula, aunque solo había cursado una parte de los estudios.
La joven consideraba que se trataba de una exigencia desproporcionada e injusta, por lo que decidió ir a la justicia para impugnar la validez de dicha cláusula contractual. El Tribunal de Primera Instancia de Constanța le dio la razón y declaró abusiva la cláusula del contrato educativo que establecía el pago completo de los estudios en caso de traslado.
El tribunal no solo ordenó a la universidad devolverle el dinero cobrado indebidamente, sino también con intereses. Además, se le pidió a la institución asumir los costes judiciales del proceso. La joven considera que esta decisión es una victoria no solo por ella misma, sino por todos los estudiantes que pueden encontrarse en la misma situación y están vulnerables frente a las instituciones.
El abogado de la joven sostuvo que el contrato entre estudiantes y universidades debe regirse por principios de equidad y legalidad. Las cláusulas que condicionan el acceso a la educación o penalizan desproporcionadamente los traslados no pueden ser aceptadas en un sistema democrático.
La universidad ha presentado un recurso de apelación, por lo que la decisión judicial aún no es definitiva.