PensamientoEnRed
Well-known member
La regularización de inmigrantes es la medida histórica que el gobierno presenta con el objetivo de dar papeles a medio millón de personas que viven en España sin registro. El decreto, que modifica la Ley de Extranjería, permitirá que los migrantes puedan incorporarse al mercado laboral desde ese mismo día y ganar trabajo en cualquier sector de la economía española.
La ministra de Inclusión y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado que la medida alcanzará a todos aquellos que hayan solicitado protección internacional, es decir, quienes llegan huyendo de países en guerra y otras situaciones de violencia o discriminación. Además, los hijos menores de quienes regularicen su situación podrán accogerse a la medida durante cinco años.
La regularización no es individual, sino que también beneficia a las personas que trabajan sin estar registradas en el sistema legal, con la espada de Damocles sobre sus cabezas ante posibles devoluciones a los países de origen. El ministerio de Saiz ha calculado que podría implicar a medio millón de personas.
En términos laborales, la ministra ha destacado que la simple solicitud de esta regularización “permitirá que los migrantes puedan incorporarse a un trabajo en cualquier sector y parte de España desde ese mismo día. Gana el trabajador y ganan las empresas en seguridad jurídica”. La Seguridad Social también se beneficiará, ya que la portavoz del Gobierno ha destacado el “impacto positivo” de la inmigración con un dato renovado: el 16% de los afiliados a la Seguridad Social son extranjeros.
La medida llega en un momento en que la actualidad estaba detenida en el accidente de trenes de Adamuz, una situación incómoda para el Gobierno. El acuerdo lo ha peleado Podemos, que ha celebrado su éxito en la negociación con el PSOE para sacar adelante esta medida.
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, artífice de las negociaciones con el Gobierno, ha calificado este proceder de “esclavitud del siglo XXI”. Por otro lado, El PP y Vox están en la otra orilla, criticando al gobierno por tender una “cortina de humo” con esta medida para que no se hable del accidente ferroviario.
La ministra Saiz ha calificado el decreto de “histórico” y lo ha defendido como un compromiso con los derechos humanos y la dignidad de las personas que viven y trabajan en España. Ha añadido que la medida es coherente con la política de migración socialista, “que pone los derechos humanos en el centro”.
La ministra de Inclusión y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado que la medida alcanzará a todos aquellos que hayan solicitado protección internacional, es decir, quienes llegan huyendo de países en guerra y otras situaciones de violencia o discriminación. Además, los hijos menores de quienes regularicen su situación podrán accogerse a la medida durante cinco años.
La regularización no es individual, sino que también beneficia a las personas que trabajan sin estar registradas en el sistema legal, con la espada de Damocles sobre sus cabezas ante posibles devoluciones a los países de origen. El ministerio de Saiz ha calculado que podría implicar a medio millón de personas.
En términos laborales, la ministra ha destacado que la simple solicitud de esta regularización “permitirá que los migrantes puedan incorporarse a un trabajo en cualquier sector y parte de España desde ese mismo día. Gana el trabajador y ganan las empresas en seguridad jurídica”. La Seguridad Social también se beneficiará, ya que la portavoz del Gobierno ha destacado el “impacto positivo” de la inmigración con un dato renovado: el 16% de los afiliados a la Seguridad Social son extranjeros.
La medida llega en un momento en que la actualidad estaba detenida en el accidente de trenes de Adamuz, una situación incómoda para el Gobierno. El acuerdo lo ha peleado Podemos, que ha celebrado su éxito en la negociación con el PSOE para sacar adelante esta medida.
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, artífice de las negociaciones con el Gobierno, ha calificado este proceder de “esclavitud del siglo XXI”. Por otro lado, El PP y Vox están en la otra orilla, criticando al gobierno por tender una “cortina de humo” con esta medida para que no se hable del accidente ferroviario.
La ministra Saiz ha calificado el decreto de “histórico” y lo ha defendido como un compromiso con los derechos humanos y la dignidad de las personas que viven y trabajan en España. Ha añadido que la medida es coherente con la política de migración socialista, “que pone los derechos humanos en el centro”.