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La pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, ha presentado una denuncia ante el Tribunal Supremo por considerar que la decisión de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, permitiendo el regreso a la carrera de Álvaro García Ortiz tras su condena, fue irreflexiva y contraria al derecho. El empresario y comisionista alega que la condena por un delito doloso impuesta a García Ortiz le quitó la condición de fiscal, lo que implica perder su plaza en la carrera.
En este sentido, los abogados de González Amador sostienen que la sentencia fue injusta y que se le aplicaron penalidades inferiores a las previstas para perder la plaza. En efecto, García Ortiz fue condenado a dos años de inhabilitación, pero no se le impuso pena de cárcel.
Además, los abogados de González Amador reclaman la apertura de un expediente disciplinario por falta grave a García Ortiz, pues consideran que intervenió en la dación de cuenta y comunicaciones de procedimientos relacionados con la pareja de la Ayuso mientras él mismo estaba siendo investigado. En este sentido, alegan que el ex fiscal general "quebró dolosamente el deber de secreto", lo que es incompatible con mantener su plaza en la carrera.
La Fiscalía acusa al Supremo de ignorar las pruebas que exoneraban a García Ortiz y pide anular la sentencia. En un comunicado, se explica que la inhabilitación acordada por el Supremo se limitaba al ejercicio del cargo de fiscal general y no se extendía a su continuidad dentro de la carrera fiscal.
En cambio, los abogados de González Amador sostienen que la condena impuesta a García Ortiz le quitó la condición de fiscal y reclaman su expulsión de la carrera. En este sentido, alegan que se debe abrir un expediente disciplinario por falta grave a García Ortiz.
La situación generó un gran revuelo, ya que los abogados de González Amador cuestionaron la "inactividad" de la Inspección Fiscal en relación con supuestos "hechos delictivos y generadores de responsabilidad disciplinaria padecidos". En este sentido, reclaman la apertura de un expediente disciplinario por falta muy grave a García Ortiz.
En cualquier caso, la situación sigue sin resolverse y los abogados de González Amador seguirán luchando para que se le reconozca su derecho a ser expulsado de la carrera.
En este sentido, los abogados de González Amador sostienen que la sentencia fue injusta y que se le aplicaron penalidades inferiores a las previstas para perder la plaza. En efecto, García Ortiz fue condenado a dos años de inhabilitación, pero no se le impuso pena de cárcel.
Además, los abogados de González Amador reclaman la apertura de un expediente disciplinario por falta grave a García Ortiz, pues consideran que intervenió en la dación de cuenta y comunicaciones de procedimientos relacionados con la pareja de la Ayuso mientras él mismo estaba siendo investigado. En este sentido, alegan que el ex fiscal general "quebró dolosamente el deber de secreto", lo que es incompatible con mantener su plaza en la carrera.
La Fiscalía acusa al Supremo de ignorar las pruebas que exoneraban a García Ortiz y pide anular la sentencia. En un comunicado, se explica que la inhabilitación acordada por el Supremo se limitaba al ejercicio del cargo de fiscal general y no se extendía a su continuidad dentro de la carrera fiscal.
En cambio, los abogados de González Amador sostienen que la condena impuesta a García Ortiz le quitó la condición de fiscal y reclaman su expulsión de la carrera. En este sentido, alegan que se debe abrir un expediente disciplinario por falta grave a García Ortiz.
La situación generó un gran revuelo, ya que los abogados de González Amador cuestionaron la "inactividad" de la Inspección Fiscal en relación con supuestos "hechos delictivos y generadores de responsabilidad disciplinaria padecidos". En este sentido, reclaman la apertura de un expediente disciplinario por falta muy grave a García Ortiz.
En cualquier caso, la situación sigue sin resolverse y los abogados de González Amador seguirán luchando para que se le reconozca su derecho a ser expulsado de la carrera.