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El nuevo modelo de financiación autonómica que ha presentado la vicepresidenta María Jesús Montero, puede parecer un gran acercamiento al soberanismo catalán. Sin embargo, detrás de esta fachada de mayor riqueza para las comunidades se esconde una idea problemática: el principio de ordinalidad.
Este concepto, que suena técnico, en realidad encierra una idea que va en contra de la solidaridad y la justicia social. La financiación autonómica no puede hacer que una comunidad pierda posición en el PIB per cápita. El PIB depende de la actividad económica, no del reparto del dinero público.
Pero es precisamente esa confusión lo que ha logrado instalar el soberanismo catalán para convertir una reivindicación en un agravio estructural. Cuando se habla de ordinalidad se habla del reparto. "Si Cataluña es la tercera en aportar, debe ser también la tercera en recibir", sostiene Oriol Junqueras.
Sin embargo, esta idea no tiene sentido. No paga "Cataluña" ni "Madrid" ni "Baleares". Pagan personas concretas, mediante impuestos progresivos, que tienen los mismos derechos y vivan donde vivan. Convertir la recaudación fiscal en un mérito territorial es una concesión al relato del agravio.
En realidad, pretender que quien más aporta no "pierda posiciones" equivale a aceptar la solidaridad solo mientras no incomode demasiado. Llevado a su lógica interna, el principio se desmonta solo. Si la ordinalidad es justa entre comunidades autónomas, también debería serlo dentro de cada una.
¿Y por qué no los propios contribuyentes, cada uno de nosotros? ¿Por qué no exigir recibir tanto como aportamos en nuestros barrios y ciudades? La ordinalidad de los ricos es el fin de la redistribución. Y lo que es peor, esta idea se aplica solo a Cataluña, mientras País Vasco y Navarra conservan su cupo fiscal.
El principio de ordinalidad no tiene nada de progresista ni federal. El modelo podrá repartir más dinero porque el Estado pone más, pero la ordinalidad no corrige las desigualdades. Y de todo ello, no resulta una España mejor, sino una más cuarteada y egoísta.
La verdad es que esta política tiene como objetivo benefician solo a unos pocos territorios, mientras los demás se quedan atrapados en la cola del dinero público. La solidaridad social debe ser un valor más allá de las fronteras regionales.
Este concepto, que suena técnico, en realidad encierra una idea que va en contra de la solidaridad y la justicia social. La financiación autonómica no puede hacer que una comunidad pierda posición en el PIB per cápita. El PIB depende de la actividad económica, no del reparto del dinero público.
Pero es precisamente esa confusión lo que ha logrado instalar el soberanismo catalán para convertir una reivindicación en un agravio estructural. Cuando se habla de ordinalidad se habla del reparto. "Si Cataluña es la tercera en aportar, debe ser también la tercera en recibir", sostiene Oriol Junqueras.
Sin embargo, esta idea no tiene sentido. No paga "Cataluña" ni "Madrid" ni "Baleares". Pagan personas concretas, mediante impuestos progresivos, que tienen los mismos derechos y vivan donde vivan. Convertir la recaudación fiscal en un mérito territorial es una concesión al relato del agravio.
En realidad, pretender que quien más aporta no "pierda posiciones" equivale a aceptar la solidaridad solo mientras no incomode demasiado. Llevado a su lógica interna, el principio se desmonta solo. Si la ordinalidad es justa entre comunidades autónomas, también debería serlo dentro de cada una.
¿Y por qué no los propios contribuyentes, cada uno de nosotros? ¿Por qué no exigir recibir tanto como aportamos en nuestros barrios y ciudades? La ordinalidad de los ricos es el fin de la redistribución. Y lo que es peor, esta idea se aplica solo a Cataluña, mientras País Vasco y Navarra conservan su cupo fiscal.
El principio de ordinalidad no tiene nada de progresista ni federal. El modelo podrá repartir más dinero porque el Estado pone más, pero la ordinalidad no corrige las desigualdades. Y de todo ello, no resulta una España mejor, sino una más cuarteada y egoísta.
La verdad es que esta política tiene como objetivo benefician solo a unos pocos territorios, mientras los demás se quedan atrapados en la cola del dinero público. La solidaridad social debe ser un valor más allá de las fronteras regionales.