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El último juicio del 'caso Gürtel' ha marcado una nueva etapa en el proceso de justicia contra los principales acusados, quienes han reconocido sus delitos y confesado su implicación en la trama de corrupción. Francisco Correa, líder de la trama, ha asegurado que se marchó a Panamá para evitar pagar impuestos, mientras que Pablo Crespo, su mano derecha, también ha admitido los hechos.
Correa ha afirmado que trató de lograr la residencia en Panamá a cambio de más de 300.000 dólares a través de una de las acusadas, quien le "estafó" porque no se la consiguió. También ha negado tener relaciones con el expresidente del Gobierno José María Aznar, aunque ha admitido conocerle debido al trabajo en el Partido Popular.
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido 77 años de prisión para cada uno de los dos cabecillas de Gürtel, pero la Audiencia Nacional ha concedido el tercer grado después de cumplir varios años de cárcel por otras piezas del caso. El juez instructor de la causa, José de la Mata, ha incluido en la lista a otros acusados, como Luis de Miguel y Ramón Blanco, así como empresarios y supuestos testaferros que participaron en la operativa para eludir pagos a Hacienda.
La investigación ha revelado una estructura societaria compleja y una actividad dirigida a ocultar ingresos a la Hacienda Pública y reducir la base imponible en declaraciones tributarias. La Fiscalía expone que Correa y Crespo tuvieron la "connivencia" de otros acusados para armar una "trama de confección de facturas falsas" con la "triple finalidad" de sobornar a cargos públicos, reducir la base imponible en declaraciones tributarias y encubrir al verdadero titular de los fondos.
El magistrado instructor también ha señalado que Correa obtuvo cantidades multimillonarias por su intermediación en la concesión de adjudicaciones irregulares, así como por cobro de comisiones y actividad de sus sociedades de eventos y viajes. La investigación ha calculado el fraude a Hacienda en 24,8 millones de euros.
En este último juicio, se han presentado acusaciones contra Luis de Miguel y Ramón Blanco, considerados cooperadores necesarios por su papel en la creación de la defraudación. El juez instructor ha descrito sus acciones como "absolutamente relevante" para el diseño de la defraudación.
En resumen, el caso Gürtel sigue siendo uno de los más complejos y extensos casos de corrupción en la historia reciente de España, con implicados a altos cargos políticos y empresarios. La justicia sigue buscando responsabilidades por sus delitos y se espera que esta pieza del caso resuelva algunas de las cuestiones abiertas.
Correa ha afirmado que trató de lograr la residencia en Panamá a cambio de más de 300.000 dólares a través de una de las acusadas, quien le "estafó" porque no se la consiguió. También ha negado tener relaciones con el expresidente del Gobierno José María Aznar, aunque ha admitido conocerle debido al trabajo en el Partido Popular.
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido 77 años de prisión para cada uno de los dos cabecillas de Gürtel, pero la Audiencia Nacional ha concedido el tercer grado después de cumplir varios años de cárcel por otras piezas del caso. El juez instructor de la causa, José de la Mata, ha incluido en la lista a otros acusados, como Luis de Miguel y Ramón Blanco, así como empresarios y supuestos testaferros que participaron en la operativa para eludir pagos a Hacienda.
La investigación ha revelado una estructura societaria compleja y una actividad dirigida a ocultar ingresos a la Hacienda Pública y reducir la base imponible en declaraciones tributarias. La Fiscalía expone que Correa y Crespo tuvieron la "connivencia" de otros acusados para armar una "trama de confección de facturas falsas" con la "triple finalidad" de sobornar a cargos públicos, reducir la base imponible en declaraciones tributarias y encubrir al verdadero titular de los fondos.
El magistrado instructor también ha señalado que Correa obtuvo cantidades multimillonarias por su intermediación en la concesión de adjudicaciones irregulares, así como por cobro de comisiones y actividad de sus sociedades de eventos y viajes. La investigación ha calculado el fraude a Hacienda en 24,8 millones de euros.
En este último juicio, se han presentado acusaciones contra Luis de Miguel y Ramón Blanco, considerados cooperadores necesarios por su papel en la creación de la defraudación. El juez instructor ha descrito sus acciones como "absolutamente relevante" para el diseño de la defraudación.
En resumen, el caso Gürtel sigue siendo uno de los más complejos y extensos casos de corrupción en la historia reciente de España, con implicados a altos cargos políticos y empresarios. La justicia sigue buscando responsabilidades por sus delitos y se espera que esta pieza del caso resuelva algunas de las cuestiones abiertas.