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El gobierno mexicano ha presentado un proyecto que busca imponer un impuesto del 8% a los videojuegos violentos, considerados no aptos para menores. La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo liderado por la senadora Claudia Sheinbaum, tiene como objetivo reducir la violencia en la sociedad a través de una carga fiscal sobre productos considerados dañinos.
La propuesta ha sido recibida con escepticismo por algunos diputados, quienes argumentan que los videojuegos no son la causa principal de la violencia y que la asociación entre el juego y la delincuencia no se basa en evidencias científicas. También han señalado que el impuesto podría tener un impacto negativo en la industria del juego.
"Argumentan que las consolas son generadores de violencia, como si los gamers fueran potenciales delincuentes", ha dicho la diputada Iraís Reyes. "Y vamos a decirlo con todas sus letras: Nadie se vuelve criminal por sobrevivir al apocalipsis en The Last of Us; nadie termina en la delincuencia por lanzar un Fatality en Mortal Kombat".
La diputada Reyes ha criticado la propuesta, argumentando que no es una solución efectiva para combatir la violencia y que podría tener un impacto negativo en la industria del juego. También ha recordado que la relación entre el juego y la delincuencia no se basa en evidencias científicas.
En realidad, México no está entre los países con mayor número de jugadores, pero sí está entre los países con más asesinatos. La tasa de homicidios en México es alta, especialmente en comparación con otros países que tienen un gran número de jugadores, como Estados Unidos y Japón.
La diputada Reyes ha recordado que la violencia en México es un problema complejo que requiere soluciones más efectivas que impuestos y regulaciones. También ha recordado que los videojuegos pueden ser una forma de entretenimiento y expresión cultural para muchos jóvenes.
En resumen, la propuesta del gobierno mexicano de imponer un impuesto a los videojuegos violentos no tiene base científica y podría tener un impacto negativo en la industria del juego. Es importante buscar soluciones más efectivas y equitativas para combatir la violencia, como la educación y la prevención, en lugar de crear problemas reguladores innecesarios.
La propuesta ha sido recibida con escepticismo por algunos diputados, quienes argumentan que los videojuegos no son la causa principal de la violencia y que la asociación entre el juego y la delincuencia no se basa en evidencias científicas. También han señalado que el impuesto podría tener un impacto negativo en la industria del juego.
"Argumentan que las consolas son generadores de violencia, como si los gamers fueran potenciales delincuentes", ha dicho la diputada Iraís Reyes. "Y vamos a decirlo con todas sus letras: Nadie se vuelve criminal por sobrevivir al apocalipsis en The Last of Us; nadie termina en la delincuencia por lanzar un Fatality en Mortal Kombat".
La diputada Reyes ha criticado la propuesta, argumentando que no es una solución efectiva para combatir la violencia y que podría tener un impacto negativo en la industria del juego. También ha recordado que la relación entre el juego y la delincuencia no se basa en evidencias científicas.
En realidad, México no está entre los países con mayor número de jugadores, pero sí está entre los países con más asesinatos. La tasa de homicidios en México es alta, especialmente en comparación con otros países que tienen un gran número de jugadores, como Estados Unidos y Japón.
La diputada Reyes ha recordado que la violencia en México es un problema complejo que requiere soluciones más efectivas que impuestos y regulaciones. También ha recordado que los videojuegos pueden ser una forma de entretenimiento y expresión cultural para muchos jóvenes.
En resumen, la propuesta del gobierno mexicano de imponer un impuesto a los videojuegos violentos no tiene base científica y podría tener un impacto negativo en la industria del juego. Es importante buscar soluciones más efectivas y equitativas para combatir la violencia, como la educación y la prevención, en lugar de crear problemas reguladores innecesarios.