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La normalidad en crisis: cómo la gestión cotidiana se convierte en un espectáculo de desastre.
Los gobiernos contemporáneos parecen haber olvidado que la base de su legitimidad radica en la capacidad para gestionar la vida cotidiana. La política tiende a centrarse en lo excepcional, los grandes anuncios y las reformas estratégicas, pero es precisamente en el terreno de la normalidad donde la autoridad institucional se debilita.
La experiencia del público es la que marca el destino de estos gobiernos. Cuando el tren no llega a tiempo, cuando la carretera está llena de grava o cuando el agua cuesta un precio insoportable, es entonces cuando el descrédito institucional se acelera. La ciudadanía juzga la acción pública desde su propia experiencia cotidiana y, si esta se ve afectada, es porque la gestión ha fallado.
En el caso de Cataluña, reciente ejemplo de esto lo fue la sequía que azotó la región hace un año. El problema era predecible, pero no fue suficiente para que los gobiernos actuaran con prontitud. Hoy, en cambio, es justamente lo contrario: las lluvias intensas provocan accidentes ferroviarios, interrupciones del servicio y colapso de infraestructuras viarias.
La causa principal de estos desastres no son los fenómenos climáticos inesperados, sino la falta de previsión, inversión y mantenimiento. Los sistemas críticos no están preparados para soportar las lluvias intensas con una resiliencia mínima. Cuando una red ferroviaria o viaria falla de manera reiterada ante sucesos climáticos relativamente predecibles, la causa es clara: déficits en la planificación y ejecución.
Esta incapacidad para gestionar la normalidad revela un grave problema de gobernanza contemporánea. Los gobiernos operan bajo lógicas de corto plazo, condicionados por calendarios electorales, restricciones presupuestarias y una creciente fragmentación competencial. Esto convierte el mantenimiento en algo poco rentable políticamente, quedando relegado hasta que su ausencia se manifiesta en forma de fallo del sistema.
En este contexto, la única administración que parece funcionar a la perfección es la tributaria. La eficiente puntualidad en el cobro de impuestos contrasta con la precariedad en la prestación de servicios, circunstancia que alimenta la percepción de asimetría: el Estado exige con rigor pero responde deficientemente.
La disonancia entre estos dos aspectos del poder es lo que erosiona la confianza institucional y refuerza una visión del Estado como aparato extractivo más que como garante del bienestar. Es hora de cambiar esto.
Los gobiernos contemporáneos parecen haber olvidado que la base de su legitimidad radica en la capacidad para gestionar la vida cotidiana. La política tiende a centrarse en lo excepcional, los grandes anuncios y las reformas estratégicas, pero es precisamente en el terreno de la normalidad donde la autoridad institucional se debilita.
La experiencia del público es la que marca el destino de estos gobiernos. Cuando el tren no llega a tiempo, cuando la carretera está llena de grava o cuando el agua cuesta un precio insoportable, es entonces cuando el descrédito institucional se acelera. La ciudadanía juzga la acción pública desde su propia experiencia cotidiana y, si esta se ve afectada, es porque la gestión ha fallado.
En el caso de Cataluña, reciente ejemplo de esto lo fue la sequía que azotó la región hace un año. El problema era predecible, pero no fue suficiente para que los gobiernos actuaran con prontitud. Hoy, en cambio, es justamente lo contrario: las lluvias intensas provocan accidentes ferroviarios, interrupciones del servicio y colapso de infraestructuras viarias.
La causa principal de estos desastres no son los fenómenos climáticos inesperados, sino la falta de previsión, inversión y mantenimiento. Los sistemas críticos no están preparados para soportar las lluvias intensas con una resiliencia mínima. Cuando una red ferroviaria o viaria falla de manera reiterada ante sucesos climáticos relativamente predecibles, la causa es clara: déficits en la planificación y ejecución.
Esta incapacidad para gestionar la normalidad revela un grave problema de gobernanza contemporánea. Los gobiernos operan bajo lógicas de corto plazo, condicionados por calendarios electorales, restricciones presupuestarias y una creciente fragmentación competencial. Esto convierte el mantenimiento en algo poco rentable políticamente, quedando relegado hasta que su ausencia se manifiesta en forma de fallo del sistema.
En este contexto, la única administración que parece funcionar a la perfección es la tributaria. La eficiente puntualidad en el cobro de impuestos contrasta con la precariedad en la prestación de servicios, circunstancia que alimenta la percepción de asimetría: el Estado exige con rigor pero responde deficientemente.
La disonancia entre estos dos aspectos del poder es lo que erosiona la confianza institucional y refuerza una visión del Estado como aparato extractivo más que como garante del bienestar. Es hora de cambiar esto.