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La gestión ambiental en Castilla y León continúa siendo un punto de controversia. La segunda legislatura del gobierno de Juan Carlos Suárez-Quiñones ha sido especialmente marcada por la presión política, social y mediática por su gestión de los incendios forestales.
El presidente del Ejecutivo autonómico se encuentra en una situación delicada, con críticas constantes de la oposición y sindicatos que reclaman su dimisión. La última crisis fue relacionada con la empresa familiar en la que participó un director general y consejero delegado de Somacyl, a pesar de su incompatibilidad.
El gobierno de Suárez-Quiñones ha sido criticado por su gestión forestal, que ha sido calificada como "ineficaz" por la oposición. El exconsejero de Presidencia y actual alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, había negado en 2022 que los incendios fueran consecuencia del cambio climático y buscaba a pirómanos como responsables.
A pesar de la presión política, Suárez-Quiñones sigue en su cargo. El último acto público del consejero es prueba de la debilidad del gobierno: las formaciones de la oposición acordaron habilitar el mes de enero para forzar así su comparecencia en Cortes.
Los sindicatos han reclamado un operativo actualizado para el siglo XXI y que funcione todo el año. La solución autonómica ha sido "parchearlo" con dos decretos-ley no negociados con los sindicatos, lo que ha obligado a Fernández Mañueco a convertir en fijos los puestos de trabajo del operativo de incendios forestales.
La Consejería de Medio Ambiente es la tercera con más crédito presupuestario, con casi 697 millones de euros. Suárez-Quiñones ha conseguido aguantar en el puesto a pesar de la presión política, social y mediática por su gestión de los incendios en 2022 y 2025.
La figura de Suárez-Quiñones lleva años en cuestión. La última crisis fue relacionada con la empresa familiar en la que participó un director general y consejero delegado de Somacyl. El consejero ha sido criticado por su gestión forestal, que ha sido calificada como "ineficaz" por la oposición.
La oposición y sindicatos reclaman su dimisión, pero Suárez-Quiñones sigue en su cargo. La situación del gobierno es delicada, con críticas constantes de la oposición y sindicatos que reclaman una mayor transparencia y rendición de cuentas.
La paralización de cientos de denuncias medioambientales revierte en una menor seguridad para los agentes medioambientales y celadores que interponen las denuncias, puesto que los infractores se ven indemnes. Y todo, de nuevo, por falta de personal.
En resumen, la gestión ambiental en Castilla y León sigue siendo un punto de controversia. La presión política, social y mediática por la gestión de Suárez-Quiñones es constante, y la oposición y sindicatos reclaman su dimisión.
El presidente del Ejecutivo autonómico se encuentra en una situación delicada, con críticas constantes de la oposición y sindicatos que reclaman su dimisión. La última crisis fue relacionada con la empresa familiar en la que participó un director general y consejero delegado de Somacyl, a pesar de su incompatibilidad.
El gobierno de Suárez-Quiñones ha sido criticado por su gestión forestal, que ha sido calificada como "ineficaz" por la oposición. El exconsejero de Presidencia y actual alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, había negado en 2022 que los incendios fueran consecuencia del cambio climático y buscaba a pirómanos como responsables.
A pesar de la presión política, Suárez-Quiñones sigue en su cargo. El último acto público del consejero es prueba de la debilidad del gobierno: las formaciones de la oposición acordaron habilitar el mes de enero para forzar así su comparecencia en Cortes.
Los sindicatos han reclamado un operativo actualizado para el siglo XXI y que funcione todo el año. La solución autonómica ha sido "parchearlo" con dos decretos-ley no negociados con los sindicatos, lo que ha obligado a Fernández Mañueco a convertir en fijos los puestos de trabajo del operativo de incendios forestales.
La Consejería de Medio Ambiente es la tercera con más crédito presupuestario, con casi 697 millones de euros. Suárez-Quiñones ha conseguido aguantar en el puesto a pesar de la presión política, social y mediática por su gestión de los incendios en 2022 y 2025.
La figura de Suárez-Quiñones lleva años en cuestión. La última crisis fue relacionada con la empresa familiar en la que participó un director general y consejero delegado de Somacyl. El consejero ha sido criticado por su gestión forestal, que ha sido calificada como "ineficaz" por la oposición.
La oposición y sindicatos reclaman su dimisión, pero Suárez-Quiñones sigue en su cargo. La situación del gobierno es delicada, con críticas constantes de la oposición y sindicatos que reclaman una mayor transparencia y rendición de cuentas.
La paralización de cientos de denuncias medioambientales revierte en una menor seguridad para los agentes medioambientales y celadores que interponen las denuncias, puesto que los infractores se ven indemnes. Y todo, de nuevo, por falta de personal.
En resumen, la gestión ambiental en Castilla y León sigue siendo un punto de controversia. La presión política, social y mediática por la gestión de Suárez-Quiñones es constante, y la oposición y sindicatos reclaman su dimisión.