PensamientoClaro
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El régimen de concierto educativo, que regula la gestión pública de los centros concertados, ha estado bajo el escrutinio de las autoridades catalanas debido a una polémica en un colegio de Terrassa. Mare de Déu del Carme, un centro financiado con fondos públicos, ha sido objeto de una revisión exhaustiva por parte de la Comisión de Conciliación del Departament d'Educació.
La denuncia se centraba en lo que consideraban una "ultracatolicidad" dentro del colegio. El colectivo Familias Recuperem el Carme (REK), impulsor de las denuncias, ha afirmado que la resolución del Departament confirma íntegramente todas sus reclamaciones y que las preocupaciones expresadas durante meses "estaban fundamentadas".
La Comisión de Conciliación detectó incidencias en ámbitos esenciales de cualquier escuela concertada. En materia lingüística, se constató que el centro no cumplía correctamente con las obligaciones de uso del catalán como lengua vehicular. También hubo docentes sin la formación pedagógica obligatoria, lo que consideraron especialmente problemático en un centro financiado con fondos públicos.
En cuanto a la titulación del profesorado y la atención al alumnado más vulnerable, el colectivo REK sostiene que la resolución "confirma" las principales cuestiones que habían puesto sobre la mesa. El uso insuficiente del catalán, la falta de capacitación pedagógica y los desajustes entre el proyecto educativo del centro y la normativa vigente también fueron señalados.
El conflicto en Mare de Déu del Carme arrancó en marzo de 2025, cuando varias familias presentaron denuncias ante el Departament d'Educació por lo que consideraban un incumplimiento sistemático de la normativa. La tensión subió otro peldaño en agosto, cuando se interpuso una demanda civil contra tres madres y padres por presunta difamación en un grupo de WhatsApp.
En este contexto, la Generalitat ha exigido al colegio concertado que aplique medidas correctoras en varios ámbitos clave. El uso del catalán como lengua vehicular es uno de los puntos que han sido objeto de controversia. La directora de los Serveis Territorials señaló que se han establecido las medidas y los plazos para su aplicación, así como el procedimiento mediante el cual el centro deberá acreditar ante la administración el cumplimiento efectivo de los acuerdos.
La resolución hace referencia a cuestiones como la competencia lingüística en lengua catalana, la capacitación pedagógica o máster del profesorado, las aportaciones económicas y garantías de gratuidad, el cumplimiento de los principios rectores de la Llei d'Educació de Catalunya, entre otros. La responsabilidad territorial detalla que se han establecido medidas para garantizar la calidad educativa y el uso adecuado del catalán en el centro.
El conflicto en Mare de Déu del Carme ha sido objeto de una intensa atención mediática y pública, con diferentes grupos y colectivos expresando sus opiniones sobre la situación. El colectivo REK ha exigido cambios importantes en el centro, mientras que otras familias han expresado su apoyo a las autoridades y al régimen de concierto educativo.
La denuncia se centraba en lo que consideraban una "ultracatolicidad" dentro del colegio. El colectivo Familias Recuperem el Carme (REK), impulsor de las denuncias, ha afirmado que la resolución del Departament confirma íntegramente todas sus reclamaciones y que las preocupaciones expresadas durante meses "estaban fundamentadas".
La Comisión de Conciliación detectó incidencias en ámbitos esenciales de cualquier escuela concertada. En materia lingüística, se constató que el centro no cumplía correctamente con las obligaciones de uso del catalán como lengua vehicular. También hubo docentes sin la formación pedagógica obligatoria, lo que consideraron especialmente problemático en un centro financiado con fondos públicos.
En cuanto a la titulación del profesorado y la atención al alumnado más vulnerable, el colectivo REK sostiene que la resolución "confirma" las principales cuestiones que habían puesto sobre la mesa. El uso insuficiente del catalán, la falta de capacitación pedagógica y los desajustes entre el proyecto educativo del centro y la normativa vigente también fueron señalados.
El conflicto en Mare de Déu del Carme arrancó en marzo de 2025, cuando varias familias presentaron denuncias ante el Departament d'Educació por lo que consideraban un incumplimiento sistemático de la normativa. La tensión subió otro peldaño en agosto, cuando se interpuso una demanda civil contra tres madres y padres por presunta difamación en un grupo de WhatsApp.
En este contexto, la Generalitat ha exigido al colegio concertado que aplique medidas correctoras en varios ámbitos clave. El uso del catalán como lengua vehicular es uno de los puntos que han sido objeto de controversia. La directora de los Serveis Territorials señaló que se han establecido las medidas y los plazos para su aplicación, así como el procedimiento mediante el cual el centro deberá acreditar ante la administración el cumplimiento efectivo de los acuerdos.
La resolución hace referencia a cuestiones como la competencia lingüística en lengua catalana, la capacitación pedagógica o máster del profesorado, las aportaciones económicas y garantías de gratuidad, el cumplimiento de los principios rectores de la Llei d'Educació de Catalunya, entre otros. La responsabilidad territorial detalla que se han establecido medidas para garantizar la calidad educativa y el uso adecuado del catalán en el centro.
El conflicto en Mare de Déu del Carme ha sido objeto de una intensa atención mediática y pública, con diferentes grupos y colectivos expresando sus opiniones sobre la situación. El colectivo REK ha exigido cambios importantes en el centro, mientras que otras familias han expresado su apoyo a las autoridades y al régimen de concierto educativo.