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La Fiscalía de Barcelona abre investigación contra el alcalde de Badalona por el macrodesalojo de migrantes. Xavier García Albiol, que encabeza el Ayuntamiento de la ciudad catalana, se ve investigado por denunciar los actos del desalojo en los que se dejaron sin hogar a más de 400 personas, la mayoría migrantes.
El eurodiputado Jaume Asens acusó al alcalde de "denegación de servicio público", "delito de odio" y de haber incumplido la resolución judicial. La Fiscalía ha abierto diligencias de investigación en los presuntos delitos, que incluyen el desobediencia a la autoridad judicial y la prevaricación administrativa.
El desalojo se llevó a cabo en junio de 2023 en el antiguo instituto municipal B9, que fue ocupado por migrantes provenientes de anteriores desalojos de naves de la ciudad. La mayoría de las personas afectadas tienen una situación irregular en España y dependen de la recogida y venta de chatarra para subsistir.
El Ayuntamiento de Badalona ya se comunicó a la jueza que autorizó el desalojo, pero no ofreció un techo alternativo a los ocupantes. El alcalde Albiol ha expresado públicamente que no iba a destinar dinero para ayudar a los migrantes y que Pedro Sánchez tenía que buscarles vivienda.
La investigación se centrará en determinar el grado de cumplimiento por parte del Ayuntamiento de la letra pequeña de la orden judicial de desalojo. También se investigará si el alcalde incumplió la resolución judicial, lo cual supone un grave error administrativo y penal.
El eurodiputado Asens ha manifestado su satisfacción con que se inicie la investigación y ha confiado en que el alcalde termine en el banquillo de los acusados "para dar explicaciones sobre sus actos reprobables".
El eurodiputado Jaume Asens acusó al alcalde de "denegación de servicio público", "delito de odio" y de haber incumplido la resolución judicial. La Fiscalía ha abierto diligencias de investigación en los presuntos delitos, que incluyen el desobediencia a la autoridad judicial y la prevaricación administrativa.
El desalojo se llevó a cabo en junio de 2023 en el antiguo instituto municipal B9, que fue ocupado por migrantes provenientes de anteriores desalojos de naves de la ciudad. La mayoría de las personas afectadas tienen una situación irregular en España y dependen de la recogida y venta de chatarra para subsistir.
El Ayuntamiento de Badalona ya se comunicó a la jueza que autorizó el desalojo, pero no ofreció un techo alternativo a los ocupantes. El alcalde Albiol ha expresado públicamente que no iba a destinar dinero para ayudar a los migrantes y que Pedro Sánchez tenía que buscarles vivienda.
La investigación se centrará en determinar el grado de cumplimiento por parte del Ayuntamiento de la letra pequeña de la orden judicial de desalojo. También se investigará si el alcalde incumplió la resolución judicial, lo cual supone un grave error administrativo y penal.
El eurodiputado Asens ha manifestado su satisfacción con que se inicie la investigación y ha confiado en que el alcalde termine en el banquillo de los acusados "para dar explicaciones sobre sus actos reprobables".