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La Fiscalía Nacional archiva la causa contra Julio Iglesias por falta de competencia de los tribunales españoles, una decisión que deja sin remedio a dos mujeres brasileñas y colombianas que denunciaron al cantante español por presuntos delitos de trata de seres humanos, agresión sexual y vejaciones en sus mansiones del Caribe.
La Fiscalía insiste en que los hechos deben ser perseguidos por los Estados directamente competentes, donde ocurrieron los hechos y se encuentran las pruebas. En este sentido, recurre a jurisprudencia del Tribunal Supremo según la cual la jurisdicción universal está limitada "por el principio de subsidiariedad y por la exigencia de conexiones relevantes con España".
La Fiscalía recoge en su informe que España no es competente para investigar cuando las víctimas son extranjeras y no residentes en España, los presuntos autores también lo son o no se encuentran en nuestro país y los hechos ocurrieron en otro Estado. En este caso, las dos denunciantes, una brasileña y una colombiana, cumplen con estos tres requisitos.
La investigación sobre los presuntos delitos de tortura y lesa humanidad cometido en Colombia es un precedente que la Fiscalía recoge. En ese procedimiento, la víctima y los presuntos responsables eran colombianos, ninguno se encontraba en España y en el país latinoamericano ya un procedimiento e incluso sentencia condenatoria.
Solo existe una excepción al principio de territorialidad cuando exista una doble incriminación o una querella del agraviado o del Ministerio Fiscal. Sin embargo, en este caso no se cumple ninguno de estos requisitos.
Las dos denunciantes, que trabajaban en las mansiones del cantante en el Caribe, aseguran haber sufrido tocamientos, insultos y humillaciones durante su jornada laboral en un ambiente de control y acoso continuo. El cantante, asistido por el abogado penalista José Antonio Choclán, ha negado los hechos y compartió mensajes con las denunciantes en sus redes sociales.
La decisión de la Fiscalía Nacional significa que no habrá investigación formal sobre los presuntos delitos cometidos por Julio Iglesias. Sin embargo, el caso continúa siendo objeto de atención pública, ya que las dos denunciantes confirmaron que "ni tienen nacionalidad española ni residen en España" y que carecen de vínculo personal o territorial con el país.
La Fiscalía insiste en que los hechos deben ser perseguidos por los Estados directamente competentes, donde ocurrieron los hechos y se encuentran las pruebas. En este sentido, recurre a jurisprudencia del Tribunal Supremo según la cual la jurisdicción universal está limitada "por el principio de subsidiariedad y por la exigencia de conexiones relevantes con España".
La Fiscalía recoge en su informe que España no es competente para investigar cuando las víctimas son extranjeras y no residentes en España, los presuntos autores también lo son o no se encuentran en nuestro país y los hechos ocurrieron en otro Estado. En este caso, las dos denunciantes, una brasileña y una colombiana, cumplen con estos tres requisitos.
La investigación sobre los presuntos delitos de tortura y lesa humanidad cometido en Colombia es un precedente que la Fiscalía recoge. En ese procedimiento, la víctima y los presuntos responsables eran colombianos, ninguno se encontraba en España y en el país latinoamericano ya un procedimiento e incluso sentencia condenatoria.
Solo existe una excepción al principio de territorialidad cuando exista una doble incriminación o una querella del agraviado o del Ministerio Fiscal. Sin embargo, en este caso no se cumple ninguno de estos requisitos.
Las dos denunciantes, que trabajaban en las mansiones del cantante en el Caribe, aseguran haber sufrido tocamientos, insultos y humillaciones durante su jornada laboral en un ambiente de control y acoso continuo. El cantante, asistido por el abogado penalista José Antonio Choclán, ha negado los hechos y compartió mensajes con las denunciantes en sus redes sociales.
La decisión de la Fiscalía Nacional significa que no habrá investigación formal sobre los presuntos delitos cometidos por Julio Iglesias. Sin embargo, el caso continúa siendo objeto de atención pública, ya que las dos denunciantes confirmaron que "ni tienen nacionalidad española ni residen en España" y que carecen de vínculo personal o territorial con el país.