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La Audiencia Nacional ha rechazado investigar a Benjamin Netanyahu por la violación del derecho internacional durante el abordaje de la embarcación Madleen en junio pasado. El magistrado Antonio Piña considera que los hechos no son competencia de su tribunal debido a la falta de jurisdicción española según la Ley Orgánica 1/2014 de jurisdicción universal.
La Fiscalía había presentado una querella contra el primer ministro israelí, así como contra varios altos mandos del Ejército israelí, acusándolos de cometer un delito de lesa humanidad y otros delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado. Los querellantes argumentaron que los detenidos fueron sometidos a una detención ilegal y a un traslado forzado a Israel sin advertencia previa ni orden judicial.
El magistrado Piña se apoya en el informe de la Fiscalía, que considera que no hay suficientes indicios para que la Audiencia Nacional pueda admitir la querella. En su lugar, invoca la persecución de estos delitos a la Corte Penal Internacional (CPI), donde Netanyahu ya está siendo investigado por presuntos crímenes de lesa humanidad.
El magistrado Piña se remonta a la reforma de la ley de justicia o jurisdicción universal auspiciada por el Gobierno del PP en 2014, que acota los límites de la jurisdicción española para investigar delitos cometidos fuera de España. El juez considera que estos delitos han quedado apartados del principio de justicia universal y que solo hay excepciones rarísimas.
Esta decisión es particularmente polémica, ya que Netanyahu se encuentra siendo investigado por la CPI en relación con los mismos hechos. La CPI también había dictado órdenes de detención contra Netanyahu y su exministro de Defensa Yoav Gallant como máximos responsables de la comisión de crímenes de guerra y lesa humanidad en la Franja de Gaza al menos desde el 8 de octubre de 2023.
La Fiscalía había presentado una querella contra el primer ministro israelí, así como contra varios altos mandos del Ejército israelí, acusándolos de cometer un delito de lesa humanidad y otros delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado. Los querellantes argumentaron que los detenidos fueron sometidos a una detención ilegal y a un traslado forzado a Israel sin advertencia previa ni orden judicial.
El magistrado Piña se apoya en el informe de la Fiscalía, que considera que no hay suficientes indicios para que la Audiencia Nacional pueda admitir la querella. En su lugar, invoca la persecución de estos delitos a la Corte Penal Internacional (CPI), donde Netanyahu ya está siendo investigado por presuntos crímenes de lesa humanidad.
El magistrado Piña se remonta a la reforma de la ley de justicia o jurisdicción universal auspiciada por el Gobierno del PP en 2014, que acota los límites de la jurisdicción española para investigar delitos cometidos fuera de España. El juez considera que estos delitos han quedado apartados del principio de justicia universal y que solo hay excepciones rarísimas.
Esta decisión es particularmente polémica, ya que Netanyahu se encuentra siendo investigado por la CPI en relación con los mismos hechos. La CPI también había dictado órdenes de detención contra Netanyahu y su exministro de Defensa Yoav Gallant como máximos responsables de la comisión de crímenes de guerra y lesa humanidad en la Franja de Gaza al menos desde el 8 de octubre de 2023.