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La Audiencia de A Coruña ha desestimado los recursos presentados por Adif, su aseguradora y el ex cargo Andrés Cortabitarte, absuelviéndolo de la condena por el accidente ferroviario de Angrois en 2013. El tribunal considera que la causa del descarrilamiento fue solo la desatención continuada del conductor Francisco José Garzón y no una acción concreta que Cortabitarte hubiera omitido.
El juez se basa en el argumento de que la evaluación integral de los riesgos en ese punto de la línea no era obligatoria y que el sistema ferroviario tiene un "complejo" que dificulta determinar si el accidente hubiera podido evitarse. Además, sostiene que el conductor había recibido información sobre las alertas de peligrosidad de la curva de A Grandeira pero no se tomó en cuenta.
Sin embargo, una magistrada del tribunal discrepa con esta decisión y considera que Cortabitarte tenía "una obligación moral" de valorar correctamente el riesgo y realizar una evaluación integral de los riesgos antes de firmar la puesta en servicio de la línea. Ella sostiene que su omisión provocó un "progresivo deterioro de la seguridad de la línea", lo que comportó un incremento de riesgo.
El fallo confirma la responsabilidad civil de Renfe y el conductor, lo que significa que la aseguradora de la empresa pública (QBE) deberá pagar más de 22 millones de euros. La Plataforma Víctimas Alvia 04155 ha declarado las víctimas "desoladas" con la absolución de Cortabitarte y considera que la sentencia es "terrible" no solo para las víctimas, sino también para "la sociedad y todos los que viajan en tren".
El juez se basa en el argumento de que la evaluación integral de los riesgos en ese punto de la línea no era obligatoria y que el sistema ferroviario tiene un "complejo" que dificulta determinar si el accidente hubiera podido evitarse. Además, sostiene que el conductor había recibido información sobre las alertas de peligrosidad de la curva de A Grandeira pero no se tomó en cuenta.
Sin embargo, una magistrada del tribunal discrepa con esta decisión y considera que Cortabitarte tenía "una obligación moral" de valorar correctamente el riesgo y realizar una evaluación integral de los riesgos antes de firmar la puesta en servicio de la línea. Ella sostiene que su omisión provocó un "progresivo deterioro de la seguridad de la línea", lo que comportó un incremento de riesgo.
El fallo confirma la responsabilidad civil de Renfe y el conductor, lo que significa que la aseguradora de la empresa pública (QBE) deberá pagar más de 22 millones de euros. La Plataforma Víctimas Alvia 04155 ha declarado las víctimas "desoladas" con la absolución de Cortabitarte y considera que la sentencia es "terrible" no solo para las víctimas, sino también para "la sociedad y todos los que viajan en tren".