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La Audiencia Nacional ha archivado la investigación sobre el apagón del 28 de abril sin encontrar evidencia de sabotaje terrorista, lo que lleva a concluir un conflicto civil por el control de tensión.
El titular del juzgado de instrucción número 4, José Luis Calama, dictó el sobreseimiento provisional de la investigación tras analizar los informes técnicos solicitados y descartar cualquier indicio de acción terrorista informática.
Los organismos especializados como el Ministerio para la Transición Ecológica han concluido que el apagón tuvo un origen multifactorial, relacionado con una "insuficiente" capacidad de control de tensión del sistema, junto con oscilaciones y desconexiones de centrales de generación.
El magistrado concluye que se trata de un conflicto de naturaleza civil relacionado con los distintos operadores que intervienen en la generación de energía eléctrica, entre los que descarta cualquier indicio delictivo, ya que existen otros mecanismos de solución.
Ni rastro de cibercrimen ni actores estado o terroristas se detectaron tras analizar los archivos y visitar centros de control de las estaciones de generación eléctrica. El Instituto Nacional de Ciberseguridad tampoco detectó acciones potencialmente dañinas de carácter cibernético en los informes que puso a disposición del magistrado Calama.
El titular del juzgado de instrucción número 4, José Luis Calama, dictó el sobreseimiento provisional de la investigación tras analizar los informes técnicos solicitados y descartar cualquier indicio de acción terrorista informática.
Los organismos especializados como el Ministerio para la Transición Ecológica han concluido que el apagón tuvo un origen multifactorial, relacionado con una "insuficiente" capacidad de control de tensión del sistema, junto con oscilaciones y desconexiones de centrales de generación.
El magistrado concluye que se trata de un conflicto de naturaleza civil relacionado con los distintos operadores que intervienen en la generación de energía eléctrica, entre los que descarta cualquier indicio delictivo, ya que existen otros mecanismos de solución.
Ni rastro de cibercrimen ni actores estado o terroristas se detectaron tras analizar los archivos y visitar centros de control de las estaciones de generación eléctrica. El Instituto Nacional de Ciberseguridad tampoco detectó acciones potencialmente dañinas de carácter cibernético en los informes que puso a disposición del magistrado Calama.