Israel comienza a destruir con excavadoras la sede de la UNRWA en Jerusalén Este, una decisión que ha sido condenada por múltiples países y organizaciones internacionales. El líder de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, Philippe Lazzarini, ha llamado a este acto como un "ataque sin precedentes" contra una agencia de la ONU y sus instalaciones, con el que Israel pretende "borrar la identidad de los refugiados palestinos".
La sede de la UNRWA en Jerusalén Este fue demolida después de que Israel vetara su actividad en su territorio y quitara recientemente la inmunidad a sus inmuebles en una decisión inédita. El ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben-Gvir, ha justificado esta acción como parte de un plan para "expulsar a los simpatizantes del terrorismo" de la organización.
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) había concluido en octubre de 2025 que Israel no había probado los vínculos entre la UNRWA y Hamás, ni la supuesta falta de neutralidad de la organización. En respuesta a esta decisión, el gobierno israelí ha afirmado que "el complejo no goza de inmunidad alguna" y que su confiscación se llevó a cabo de conformidad con el derecho israelí e internacional.
La Autoridad Palestina ha denunciado que el derribo conlleva "la ruptura de todas las reglas y normas del derecho internacional". Jordania también ha condenado esta acción, considerándola una "flagrante violación del derecho internacional y una vulneración de las inmunidades y privilegios de las organizaciones de las Naciones Unidas".
España y otros seis países europeos han arremetido contra Israel por estas medidas.
La sede de la UNRWA en Jerusalén Este fue demolida después de que Israel vetara su actividad en su territorio y quitara recientemente la inmunidad a sus inmuebles en una decisión inédita. El ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben-Gvir, ha justificado esta acción como parte de un plan para "expulsar a los simpatizantes del terrorismo" de la organización.
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) había concluido en octubre de 2025 que Israel no había probado los vínculos entre la UNRWA y Hamás, ni la supuesta falta de neutralidad de la organización. En respuesta a esta decisión, el gobierno israelí ha afirmado que "el complejo no goza de inmunidad alguna" y que su confiscación se llevó a cabo de conformidad con el derecho israelí e internacional.
La Autoridad Palestina ha denunciado que el derribo conlleva "la ruptura de todas las reglas y normas del derecho internacional". Jordania también ha condenado esta acción, considerándola una "flagrante violación del derecho internacional y una vulneración de las inmunidades y privilegios de las organizaciones de las Naciones Unidas".
España y otros seis países europeos han arremetido contra Israel por estas medidas.