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Narges Mohammadi, defensora iraní y Premio Nobel de la Paz, ha sido condenada a siete años más de prisión por mantener una huelga de hambre en protesta por su situación. El régimen de Teherán no ha dado ni un paso atrás ante los acusadores de disidencia y defensa de los derechos humanos.
La sentencia se dictó tras la detención del abogado y defensor de los derechos humanos Khosrow Alikordi en diciembre. Narges Mohammadi, de 53 años, había sido liberada temporalmente por motivos médicos en diciembre pasado pero volvió a ser arrestada.
El tribunal revolucionario de Mashhad dictó la condena de seis años por reunión y colusión, un año y medio por propaganda contra el sistema y una prohibición de viajar durante dos años. Esta sentencia es la segunda consecutiva que enfrenta Mohammadi después de su arresto en 2025.
La condena coincide con un momento crítico en la política iraní, mientras Teherán negocia con Estados Unidos sobre su programa nuclear para evitar un posible conflicto militar. El régimen de los ayatolás persigue a quienes defienden la justicia y los derechos civiles.
La defensora de los derechos humanos se ha convertido en un símbolo global de la lucha por las libertades en un país donde el régimen reprime cualquier forma de protesta. Su condena refleja la intolerancia del régimen hacia aquellos que buscan promover la democracia y los derechos civiles.
Mientras Mohammadi enfrenta más de siete años adicionales de prisión, Irán mantiene su firme posición sobre su programa nuclear. El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, declaró que el país continuará defendiendo su derecho a enriquecer uranio, a pesar de las objeciones de Estados Unidos.
La situación se complica con los movimientos militares y diplomáticos de Estados Unidos. El portaaviones USS Abraham Lincoln fue desplegado en Medio Oriente como medida de presión sobre Teherán y con capacidad de intervenir militarmente si el presidente estadounidense lo considera necesario.
En este contexto, la condena de Mohammadi simboliza la resistencia del régimen frente a quienes buscan promover la democracia y los derechos civiles. La sentencia no solo tiene un significado personal y legal, sino que también refleja la intolerancia del régimen hacia aquellos que buscan luchar por sus derechos.
La sentencia se dictó tras la detención del abogado y defensor de los derechos humanos Khosrow Alikordi en diciembre. Narges Mohammadi, de 53 años, había sido liberada temporalmente por motivos médicos en diciembre pasado pero volvió a ser arrestada.
El tribunal revolucionario de Mashhad dictó la condena de seis años por reunión y colusión, un año y medio por propaganda contra el sistema y una prohibición de viajar durante dos años. Esta sentencia es la segunda consecutiva que enfrenta Mohammadi después de su arresto en 2025.
La condena coincide con un momento crítico en la política iraní, mientras Teherán negocia con Estados Unidos sobre su programa nuclear para evitar un posible conflicto militar. El régimen de los ayatolás persigue a quienes defienden la justicia y los derechos civiles.
La defensora de los derechos humanos se ha convertido en un símbolo global de la lucha por las libertades en un país donde el régimen reprime cualquier forma de protesta. Su condena refleja la intolerancia del régimen hacia aquellos que buscan promover la democracia y los derechos civiles.
Mientras Mohammadi enfrenta más de siete años adicionales de prisión, Irán mantiene su firme posición sobre su programa nuclear. El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, declaró que el país continuará defendiendo su derecho a enriquecer uranio, a pesar de las objeciones de Estados Unidos.
La situación se complica con los movimientos militares y diplomáticos de Estados Unidos. El portaaviones USS Abraham Lincoln fue desplegado en Medio Oriente como medida de presión sobre Teherán y con capacidad de intervenir militarmente si el presidente estadounidense lo considera necesario.
En este contexto, la condena de Mohammadi simboliza la resistencia del régimen frente a quienes buscan promover la democracia y los derechos civiles. La sentencia no solo tiene un significado personal y legal, sino que también refleja la intolerancia del régimen hacia aquellos que buscan luchar por sus derechos.