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La administración educativa y la compañía aseguradora han sido condenadas a pagar una indemnización de 30.000 euros a una profesora agredida en un colegio de Albacete. La docente, que sufrió un accidente laboral el 14 de enero de 2022 debido a una pelea con varios alumnos, resultó con fractura del dedo anular y lesiones en brazos y escápulas.
La profesora, quien anteriormente había solicitado indemnización por "omisión de medidas de seguridad", ha sido declarada apta con restricciones y se reincorporó a sus funciones el 1 de junio de 2023. Sin embargo, debido a las secuelas provocadas por las lesiones, la docente padece un trastorno adaptativo mixto con ansiedad severa y humor deprimido.
El tribunal ha estipulado que la administración educativa y la compañía aseguradora deben pagar 3.000 euros cada una, junto con otros conceptos en un total de 30.000 euros. La sentencia también reconoce la "ausencia de protocolos claros" en Castilla-La Mancha para actuar ante agresiones al profesorado, lo que constituye una "deficiencia estructural".
La CCOO ha condenado esta sentencia como "especialmente relevante", ya que demuestra que las reivindicaciones sindicales rigurosas y sostenidas en el tiempo tienen efectos jurídicos reales. La organización exige que la Consejería de Educación adopte medidas concretas para evitar que se normalice la agresión en los colegios, como la elaboración de protocolos autonómicos de actuación ante agresiones, intervención de oficio y apoyo jurídico y psicológico a las víctimas.
La profesora, quien anteriormente había solicitado indemnización por "omisión de medidas de seguridad", ha sido declarada apta con restricciones y se reincorporó a sus funciones el 1 de junio de 2023. Sin embargo, debido a las secuelas provocadas por las lesiones, la docente padece un trastorno adaptativo mixto con ansiedad severa y humor deprimido.
El tribunal ha estipulado que la administración educativa y la compañía aseguradora deben pagar 3.000 euros cada una, junto con otros conceptos en un total de 30.000 euros. La sentencia también reconoce la "ausencia de protocolos claros" en Castilla-La Mancha para actuar ante agresiones al profesorado, lo que constituye una "deficiencia estructural".
La CCOO ha condenado esta sentencia como "especialmente relevante", ya que demuestra que las reivindicaciones sindicales rigurosas y sostenidas en el tiempo tienen efectos jurídicos reales. La organización exige que la Consejería de Educación adopte medidas concretas para evitar que se normalice la agresión en los colegios, como la elaboración de protocolos autonómicos de actuación ante agresiones, intervención de oficio y apoyo jurídico y psicológico a las víctimas.