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El Ministerio de Hacienda busca desligar las entregas a cuenta de las comunidades y entidades locales de los Presupuestos Generales del Estado, mediante una reforma que aprovecha el sistema de financiación autonómico para blindar estos pagos. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, argumenta que se debe analizar si prever legalmente la desvinculación entre la actualización de las entregas a cuenta y la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
El sistema tradicional de financiación autonómica se basa en la transferencia de fondos por adelantado a las administraciones territoriales, que se ajustan según la previsión de recaudación de los grandes impuestos. Sin embargo, cuando las cuentas públicas se prorrogan, estas entregas quedan congeladas con datos antiguos, aunque la economía siga evolucionando y la recaudación real aumente.
El ministerio propone revisar el calendario actual de liquidaciones y abrir la puerta a realizar una preliquidación parcial que anticipe ingresos y reduzca los ajustes posteriores. Además, busca avanzar hacia un modelo de caja común o compartida para los ingresos tributarios, en el que las comunidades puedan optar por recibir estos fondos simultáneamente en la administración estatal o autonómica correspondiente.
Esta reforma tiene como objetivo evitar que los desfases se acumulen y se corrijan de golpe dos años después, y permitir una mayor flexibilidad en la actualización de las entregas a cuenta. El ministro de Hacienda defiende este cambio para asegurar que el sistema resulte más ágil y adaptado a la evolución real de los ingresos.
Sin embargo, algunos expertos como Diego Martínez López cuestionan esta propuesta, argumentando que no debe haber un "chantaje" discrecional del gobierno cuando no hay Presupuestos. Este mismo defiende la necesidad de eliminar este tipo de decisiones políticas para darle más estabilidad al sistema de financiación autonómica.
El objetivo final de esta reforma es mejorar la eficiencia y la transparencia en el sistema de financiación autonómica, y garantizar que las comunidades y entidades locales puedan recibir los fondos necesarios para llevar a cabo sus servicios públicos.
El sistema tradicional de financiación autonómica se basa en la transferencia de fondos por adelantado a las administraciones territoriales, que se ajustan según la previsión de recaudación de los grandes impuestos. Sin embargo, cuando las cuentas públicas se prorrogan, estas entregas quedan congeladas con datos antiguos, aunque la economía siga evolucionando y la recaudación real aumente.
El ministerio propone revisar el calendario actual de liquidaciones y abrir la puerta a realizar una preliquidación parcial que anticipe ingresos y reduzca los ajustes posteriores. Además, busca avanzar hacia un modelo de caja común o compartida para los ingresos tributarios, en el que las comunidades puedan optar por recibir estos fondos simultáneamente en la administración estatal o autonómica correspondiente.
Esta reforma tiene como objetivo evitar que los desfases se acumulen y se corrijan de golpe dos años después, y permitir una mayor flexibilidad en la actualización de las entregas a cuenta. El ministro de Hacienda defiende este cambio para asegurar que el sistema resulte más ágil y adaptado a la evolución real de los ingresos.
Sin embargo, algunos expertos como Diego Martínez López cuestionan esta propuesta, argumentando que no debe haber un "chantaje" discrecional del gobierno cuando no hay Presupuestos. Este mismo defiende la necesidad de eliminar este tipo de decisiones políticas para darle más estabilidad al sistema de financiación autonómica.
El objetivo final de esta reforma es mejorar la eficiencia y la transparencia en el sistema de financiación autonómica, y garantizar que las comunidades y entidades locales puedan recibir los fondos necesarios para llevar a cabo sus servicios públicos.