CaféYCharla
Well-known member
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, busca la anulación de su sentencia condenatoria de dos años de inhabilitación por considerar que se han vulnerado sus derechos fundamentales. La defensa sostiene que el tribunal ha valorado de manera irracional y arbitraria los indicios existentes contra él, omitiendo pruebas de descargo y alterando su estrategia de defensa.
Según la Abogacía del Estado, la sentencia revela una "contradicción relevante" entre el auto de admisión de la causa y la sentencia condenatoria. En la fase inicial, el tribunal sostuvo que la nota informativa difundida en marzo no contenía información indebidamente revelada, pero la sentencia posterior afirma que dicha nota es por sí misma constitutiva de delito, lo que supone una alteración sustancial del núcleo de la acusación sin explicación expresa.
La defensa sostiene que este cambio de criterio vulnera el principio acusatorio y el derecho de defensa, más aún cuando cinco de los magistrados que firmaron el auto inicial formaron también parte del tribunal sentenciador. Argumentan que esta interpretación no fue compartida por unanimidad, ya que la ponente del auto de octubre formuló voto particular en la sentencia discrepando de que la nota informativa pudiera considerarse, por sí sola, una infracción penal.
Además, consideran que el Supremo exigió a García Ortiz que discurriera por un desmentido más genérico o atenuado, lo que es lo mismo que "exigirle que discurriera por la ambigüedad deliberadamente creada por quienes precisamente le imputaban un delito de prevaricación". La defensa también cuestiona la valoración probatoria efectuada por la mayoría del tribunal, especialmente en lo relativo al borrado del teléfono móvil de García Ortiz.
Según la Abogacía, sin esa presunción "difícilmente cabría imaginar un fallo condenatorio", y que el voto particular suscrito por dos magistradas Supremo concluye que la condena vulnera la presunción de inocencia. También denuncia la omisión de pruebas de descargo, en particular las declaraciones testificales de varios periodistas que aseguraron haber tenido acceso al correo electrónico objeto de la causa por vías ajenas al fiscal general del Estado.
En resumen, García Ortiz sostiene que su sentencia es arbitraria y viola sus derechos fundamentales, y busca la anulación de su condena.
Según la Abogacía del Estado, la sentencia revela una "contradicción relevante" entre el auto de admisión de la causa y la sentencia condenatoria. En la fase inicial, el tribunal sostuvo que la nota informativa difundida en marzo no contenía información indebidamente revelada, pero la sentencia posterior afirma que dicha nota es por sí misma constitutiva de delito, lo que supone una alteración sustancial del núcleo de la acusación sin explicación expresa.
La defensa sostiene que este cambio de criterio vulnera el principio acusatorio y el derecho de defensa, más aún cuando cinco de los magistrados que firmaron el auto inicial formaron también parte del tribunal sentenciador. Argumentan que esta interpretación no fue compartida por unanimidad, ya que la ponente del auto de octubre formuló voto particular en la sentencia discrepando de que la nota informativa pudiera considerarse, por sí sola, una infracción penal.
Además, consideran que el Supremo exigió a García Ortiz que discurriera por un desmentido más genérico o atenuado, lo que es lo mismo que "exigirle que discurriera por la ambigüedad deliberadamente creada por quienes precisamente le imputaban un delito de prevaricación". La defensa también cuestiona la valoración probatoria efectuada por la mayoría del tribunal, especialmente en lo relativo al borrado del teléfono móvil de García Ortiz.
Según la Abogacía, sin esa presunción "difícilmente cabría imaginar un fallo condenatorio", y que el voto particular suscrito por dos magistradas Supremo concluye que la condena vulnera la presunción de inocencia. También denuncia la omisión de pruebas de descargo, en particular las declaraciones testificales de varios periodistas que aseguraron haber tenido acceso al correo electrónico objeto de la causa por vías ajenas al fiscal general del Estado.
En resumen, García Ortiz sostiene que su sentencia es arbitraria y viola sus derechos fundamentales, y busca la anulación de su condena.