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Un nuevo decreto del Gobierno busca regularizar la situación administrativa de más de medio millón de extranjeros en España, quienes viven y trabajan en el país. Sin embargo, abogados expertos en Extranjería advierten que esta medida agravó la inseguridad jurídica debido a los constantes cambios en la normativa.
La nueva regulación permite beneficiar a personas que solicitaron protección internacional o que viven en España desde mayo de 2025, previa acreditación formal. "Es una realidad ya existente", explican las abogadas Silvia López y Nicoleta Adelas, quienes trabajan para la firma Capri Abogados de Extranjería en Madrid.
Sin embargo, las letradas subrayan que la regularización no es todo lo que parece. "No es un proceso automático ni indiscriminado", señalan, ya que se requiere no contar con antecedentes penales. Además, advierten que la sucesión de reformas en un periodo corto de tiempo genera incertidumbre tanto entre los extranjeros como entre los propios profesionales del derecho.
El nuevo decreto también ha generado críticas por dejar fuera a determinados colectivos, como los refugiados. "No recuerdo un cambio normativo tan sorprendente como el del año pasado", explican las abogadas. "La gran mayoría lo que quiere es hacer su vida, tener un trabajo y una familia".
Las expertas también rechazan términos como "invasión" o "efecto llamada", que consideran inapropiados para describir la situación de los extranjeros en España. "La palabra invasión es muy llamativa, pero no refleja la realidad", afirman.
En resumen, el nuevo decreto del Gobierno busca regularizar la situación administrativa de más de medio millón de extranjeros en España, pero abogados expertos en Extranjería advierten que la medida agravó la inseguridad jurídica y debe ser interpretada con cuidado.
La nueva regulación permite beneficiar a personas que solicitaron protección internacional o que viven en España desde mayo de 2025, previa acreditación formal. "Es una realidad ya existente", explican las abogadas Silvia López y Nicoleta Adelas, quienes trabajan para la firma Capri Abogados de Extranjería en Madrid.
Sin embargo, las letradas subrayan que la regularización no es todo lo que parece. "No es un proceso automático ni indiscriminado", señalan, ya que se requiere no contar con antecedentes penales. Además, advierten que la sucesión de reformas en un periodo corto de tiempo genera incertidumbre tanto entre los extranjeros como entre los propios profesionales del derecho.
El nuevo decreto también ha generado críticas por dejar fuera a determinados colectivos, como los refugiados. "No recuerdo un cambio normativo tan sorprendente como el del año pasado", explican las abogadas. "La gran mayoría lo que quiere es hacer su vida, tener un trabajo y una familia".
Las expertas también rechazan términos como "invasión" o "efecto llamada", que consideran inapropiados para describir la situación de los extranjeros en España. "La palabra invasión es muy llamativa, pero no refleja la realidad", afirman.
En resumen, el nuevo decreto del Gobierno busca regularizar la situación administrativa de más de medio millón de extranjeros en España, pero abogados expertos en Extranjería advierten que la medida agravó la inseguridad jurídica y debe ser interpretada con cuidado.