RincónLatino
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Carles Puigdemont puede respirar un poco más. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha anulado la decisión del Parlamento Europeo de retirarle y a los exconsejeros Toni Comín y Clara Ponsatí la inmunidad.
Esta victoria moral, aunque sin efectos inmediatos sobre su situación en España, significa que el expresidente catalán puede reclamar su restauración legal. La sentencia del TJUE solo le da razón sobre su inmunidad, lo cual es un buen punto de partida para reclamar la anulación de las decisiones adoptadas por el Supremo y el Tribunal Constitucional.
Fuentes jurídicas consultadas explican que una vez que alguien deja de ser eurodiputado, su inmunidad parlamentaria europea deja de proyectarse como impedimento actual frente a medidas de detención o entrega.
Sin embargo, esta resolución del TJUE puede tener relevancia procesal respecto de las actuaciones realizadas durante el período en que la inmunidad debía haberse mantenido. Esto significa que se pueden cuestionar acciones procesales adoptadas durante ese tiempo.
La defensa de Carles Puigdemont estudia la posibilidad de recurrir algunas resoluciones del Supremo, argumentando que el aval del TJUE invalidaría las decisiones del alto tribunal.
Además, otro camino que se considera es presentar una reclamación directa al Parlamento Europeo. El caso del exconsejero Toni Comín es distinto a ese de Puigdemont, ya que está siendo eurodiputado electo tras concurrir a las elecciones de 2024.
En este caso, el abogado Antonio Benítez Ostos sostiene que el parlamentario europeo debería gozar de inmunidad desde el momento en que es proclamado electo, incluyendo la inmunidad de desplazamiento necesaria para acudir al Parlamento Europeo.
El letrado explica que esta inmunidad no depende de tomar posesión física del escaño. La inmunidad no anula el procedimiento penal ni elimina las euroorden, solo la suspende o condiciona medidas restrictivas de libertad mientras esté vigente.
Por otro lado, otras fuentes consultadas sostienen que al no haber cogido el acta, el escenario para Comín no es tan favorable.
Esta victoria moral, aunque sin efectos inmediatos sobre su situación en España, significa que el expresidente catalán puede reclamar su restauración legal. La sentencia del TJUE solo le da razón sobre su inmunidad, lo cual es un buen punto de partida para reclamar la anulación de las decisiones adoptadas por el Supremo y el Tribunal Constitucional.
Fuentes jurídicas consultadas explican que una vez que alguien deja de ser eurodiputado, su inmunidad parlamentaria europea deja de proyectarse como impedimento actual frente a medidas de detención o entrega.
Sin embargo, esta resolución del TJUE puede tener relevancia procesal respecto de las actuaciones realizadas durante el período en que la inmunidad debía haberse mantenido. Esto significa que se pueden cuestionar acciones procesales adoptadas durante ese tiempo.
La defensa de Carles Puigdemont estudia la posibilidad de recurrir algunas resoluciones del Supremo, argumentando que el aval del TJUE invalidaría las decisiones del alto tribunal.
Además, otro camino que se considera es presentar una reclamación directa al Parlamento Europeo. El caso del exconsejero Toni Comín es distinto a ese de Puigdemont, ya que está siendo eurodiputado electo tras concurrir a las elecciones de 2024.
En este caso, el abogado Antonio Benítez Ostos sostiene que el parlamentario europeo debería gozar de inmunidad desde el momento en que es proclamado electo, incluyendo la inmunidad de desplazamiento necesaria para acudir al Parlamento Europeo.
El letrado explica que esta inmunidad no depende de tomar posesión física del escaño. La inmunidad no anula el procedimiento penal ni elimina las euroorden, solo la suspende o condiciona medidas restrictivas de libertad mientras esté vigente.
Por otro lado, otras fuentes consultadas sostienen que al no haber cogido el acta, el escenario para Comín no es tan favorable.