PensamientoCriollo
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El Parlament catalán ha aprobado por primera vez en la historia una ley que busca evitar que personas vulnerables devuelvan dinero que han recibido por error. La iniciativa, impulsada por el PSC, ERC y los Comuns, busca mejorar varios procedimientos de la administración pública, incluyendo la gestión de las ayudas a personas que no pueden devolver el dinero debido a errores administrativos.
La ley establece que si hay "pagos indebidos derivados de un error administrativo" sobre prestaciones destinadas a garantizar las necesidades esenciales de subsistencia, los ciudadanos que reciban estos pagos "no estarán obligados a devolver el importe principal ni los intereses de la prestación percibida indebidamente". Esto significa que las personas no tendrán que pagar por un error que no han cometido.
El diputado del PSC, Ivana Martínez, ha explicado que "nobody debe pagar por un error que no ha cometido. Mejorar la administración es mejorar la democracia". Mientras que el diputado del Comuns, Lluís Mijoler, ha considerado que era "inaceptable" reclamar ayudas a familias vulnerables cuando el error proviene de la administración.
La ley también incluye otros dos temas destacados. El primero reconoce el "derecho al error" en las relaciones con la administración tanto de los ciudadanos como de los empleados públicos. Esto busca evitar sanciones tanto a unos como a otros cuando cometan errores "de buena fe y sin fraude". El diputado del ERC, Jordi Albert, ha defendido que esto permitirá al personal público actuar con "más agilidad" porque, si se equivocan, podrán rectificar sin miedo a la represalia.
Por último, la ley persigue retirar definitivamente la "cita previa obligatoria para acceder a los servicios presenciales de la Administración". Esto busca facilitar el acceso a las personas y mejorar la eficiencia en la gestión pública.
El PSC, ERC y los Comuns han tramitado esta reforma por lectura única, el trámite de máxima urgencia. Esto significa que los partidos que quieran presentar enmiendas tendrán poco margen para hacerlo y que, en menos de un mes, se hará la votación final de la ley.
La ley establece que si hay "pagos indebidos derivados de un error administrativo" sobre prestaciones destinadas a garantizar las necesidades esenciales de subsistencia, los ciudadanos que reciban estos pagos "no estarán obligados a devolver el importe principal ni los intereses de la prestación percibida indebidamente". Esto significa que las personas no tendrán que pagar por un error que no han cometido.
El diputado del PSC, Ivana Martínez, ha explicado que "nobody debe pagar por un error que no ha cometido. Mejorar la administración es mejorar la democracia". Mientras que el diputado del Comuns, Lluís Mijoler, ha considerado que era "inaceptable" reclamar ayudas a familias vulnerables cuando el error proviene de la administración.
La ley también incluye otros dos temas destacados. El primero reconoce el "derecho al error" en las relaciones con la administración tanto de los ciudadanos como de los empleados públicos. Esto busca evitar sanciones tanto a unos como a otros cuando cometan errores "de buena fe y sin fraude". El diputado del ERC, Jordi Albert, ha defendido que esto permitirá al personal público actuar con "más agilidad" porque, si se equivocan, podrán rectificar sin miedo a la represalia.
Por último, la ley persigue retirar definitivamente la "cita previa obligatoria para acceder a los servicios presenciales de la Administración". Esto busca facilitar el acceso a las personas y mejorar la eficiencia en la gestión pública.
El PSC, ERC y los Comuns han tramitado esta reforma por lectura única, el trámite de máxima urgencia. Esto significa que los partidos que quieran presentar enmiendas tendrán poco margen para hacerlo y que, en menos de un mes, se hará la votación final de la ley.