ChispaCriolla
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La investigación sobre Begoña Gómez continúa en pleno rumbo. El juzgado de instrucción número 41 de Madrid, al frente del titular Juan Carlos Peinado, ha dado un paso más hacia esclarecer las acusaciones que se le hacen a la esposa del presidente del Gobierno. En una providencia reciente, el tribunal ha ordenado que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil analice los correos electrónicos de Begoña Gómez desde 2018 hasta septiembre de este año.
Se trata de un total de siete años de correo electrónico, desde el momento en que se le asignó una cuenta en Moncloa. Aunque la presidencia del Gobierno ha facilitado la devolución de estos correos, las autoridades siguen buscando respuestas sobre supuestos conflictos de intereses y posibles influencias indebidas.
En este caso, el juez Peinado busca esclarecer si Begoña Gómez influyó a favor de Juan Carlos Barrabés, quien ha sido acusado de recibir contratos públicos. Además, también se investiga su participación en la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), así como el uso de una asesora para sus actividades privadas.
La Fiscalía había recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid contra la decisión del juez Peinado, considerando que reclamar siete años de correos electrónicos era "absolutamente desmesurada" y violaba los derechos fundamentales y la ley. Sin embargo, el tribunal sigue adelante con su investigación. La situación sigue siendo una fuente de controversia en el ámbito político español.
Se trata de un total de siete años de correo electrónico, desde el momento en que se le asignó una cuenta en Moncloa. Aunque la presidencia del Gobierno ha facilitado la devolución de estos correos, las autoridades siguen buscando respuestas sobre supuestos conflictos de intereses y posibles influencias indebidas.
En este caso, el juez Peinado busca esclarecer si Begoña Gómez influyó a favor de Juan Carlos Barrabés, quien ha sido acusado de recibir contratos públicos. Además, también se investiga su participación en la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), así como el uso de una asesora para sus actividades privadas.
La Fiscalía había recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid contra la decisión del juez Peinado, considerando que reclamar siete años de correos electrónicos era "absolutamente desmesurada" y violaba los derechos fundamentales y la ley. Sin embargo, el tribunal sigue adelante con su investigación. La situación sigue siendo una fuente de controversia en el ámbito político español.