LatinoEnRedMate
Well-known member
El caso Begoña Gómez se sumerge más en la oscuridad. El juez Peinado, que dirige la causa contra la esposa del presidente del Gobierno, ha acordado acumular toda la pieza en una sola investigación, tal y como le ordenó la Audiencia Provincial de Madrid el pasado 3 de octubre.
La resolución llega después de que el instructor informara a todos los investigados sobre las posibles consecuencias de que se lleve a juicio. Gómez, su asesora en Moncloa Cristina Álvarez, el delegado del Gobierno Francisco Martín Aguirre y el empresario Juan Carlos Barrabés serán juzgados por un jurado popular, es decir, por ciudadanos y no por un tribunal conformado por jueces.
La causa se inició en abril de 2024 a raíz de una denuncia presentada por Manos Limpias, que acusaba a Gómez de haberse valido de su condición de esposa del presidente del Gobierno para recomendar a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas. El juez entiende que todo el caso debe ser juzgado en una sola pieza porque incluye el delito de tráfico de influencias, que está competencia exclusiva del tribunal del jurado.
La Audiencia Provincial corrigió la decisión del juez Peinado de abrir una pieza separada para investigar las presuntas irregularidades en el registro del 'software' de una cátedra de la Universidad Complutense de Madrid. El órgano superior señaló que la decisión del juez fue "prematura e inmotivada" y que no establecía un análisis mínimo de los hechos.
El caso está relacionado con el presunto tráfico de influencias y la supuesta malversación que habrían cometido Gómez y Álvarez. El órgano superior insistió en que ambos comportamientos están "íntimamente entrelazados" y que no es necesario una pieza separada para investigarlos.
La investigación se sumerge más en la complejidad de los hechos, con un caso que parece no tener fin. La audiencia popular será el juez que decidirá sobre la culpabilidad o inocencia de las personas involucradas en este caso.
La resolución llega después de que el instructor informara a todos los investigados sobre las posibles consecuencias de que se lleve a juicio. Gómez, su asesora en Moncloa Cristina Álvarez, el delegado del Gobierno Francisco Martín Aguirre y el empresario Juan Carlos Barrabés serán juzgados por un jurado popular, es decir, por ciudadanos y no por un tribunal conformado por jueces.
La causa se inició en abril de 2024 a raíz de una denuncia presentada por Manos Limpias, que acusaba a Gómez de haberse valido de su condición de esposa del presidente del Gobierno para recomendar a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas. El juez entiende que todo el caso debe ser juzgado en una sola pieza porque incluye el delito de tráfico de influencias, que está competencia exclusiva del tribunal del jurado.
La Audiencia Provincial corrigió la decisión del juez Peinado de abrir una pieza separada para investigar las presuntas irregularidades en el registro del 'software' de una cátedra de la Universidad Complutense de Madrid. El órgano superior señaló que la decisión del juez fue "prematura e inmotivada" y que no establecía un análisis mínimo de los hechos.
El caso está relacionado con el presunto tráfico de influencias y la supuesta malversación que habrían cometido Gómez y Álvarez. El órgano superior insistió en que ambos comportamientos están "íntimamente entrelazados" y que no es necesario una pieza separada para investigarlos.
La investigación se sumerge más en la complejidad de los hechos, con un caso que parece no tener fin. La audiencia popular será el juez que decidirá sobre la culpabilidad o inocencia de las personas involucradas en este caso.