PensadorCriollo
Well-known member
El Gobierno de Pedro Sánchez respeta la decisión del Tribunal Supremo que condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación por la filtración del correo sobre el fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Aunque el Ejecutivo está convencido de que en el juicio no quedó acreditado que García Ortiz hubiera filtrado el correo, acata la sentencia y activará el relevo.
La decisión del Supremo ha sido un duro golpe para el Gobierno, que siempre defendió la inocencia de García Ortiz. Sin embargo, las fuentes gubernamentales expresan su aprecio por la labor del fiscal general en defensa de la ley y la verdad durante su etapa al frente de la Fiscalía General del Estado.
En Moncloa, donde se ubica el Gobierno, han mantenido que no se han aportado pruebas que respalden las acusaciones contra García Ortiz. "No se ha acreditado nada", aseguraban las fuentes. Sin embargo, al final del juicio, la sentencia del Supremo ha llevado a la decisión de poner en marcha el proceso de nombramiento de un nuevo fiscal general del Estado.
Félix Bolaños, ministro de la Presidencia y de Justicia, ha asegurado que "el Gobierno tiene el deber legal de respetar el fallo, pero también el deber moral de decir públicamente que no lo comparte". Ha explicado que el Ejecutivo siempre ha creído y defendido la inocencia de García Ortiz, pero ahora debe cumplir con la ley y activar el relevo.
La sentencia del Supremo ha sido un golpe para los partidos de derecha, que acusaron al presidente Sánchez de intentar influir en la justicia. Sin embargo, el propio Sánchez ha asegurado que "no se ha acreditado nada" y que siempre ha creído en la inocencia de García Ortiz.
En cualquier caso, el relevo del fiscal general del Estado es un hecho. En los próximos días, se pondrá en marcha el proceso de nombramiento de un nuevo fiscal general del Estado, que será una persona con una trayectoria profesional y una cualificación jurídica que garantice que ejercerá con solvencia esta función.
La decisión del Supremo ha sido criticada por algunos periodistas y inspectores de Hacienda, quienes han expresado su sorpresa y descontento con la sentencia. Sin embargo, el gobierno va a defender siempre su trabajo y su derecho a ejercerlo con garantías.
La decisión del Supremo ha sido un duro golpe para el Gobierno, que siempre defendió la inocencia de García Ortiz. Sin embargo, las fuentes gubernamentales expresan su aprecio por la labor del fiscal general en defensa de la ley y la verdad durante su etapa al frente de la Fiscalía General del Estado.
En Moncloa, donde se ubica el Gobierno, han mantenido que no se han aportado pruebas que respalden las acusaciones contra García Ortiz. "No se ha acreditado nada", aseguraban las fuentes. Sin embargo, al final del juicio, la sentencia del Supremo ha llevado a la decisión de poner en marcha el proceso de nombramiento de un nuevo fiscal general del Estado.
Félix Bolaños, ministro de la Presidencia y de Justicia, ha asegurado que "el Gobierno tiene el deber legal de respetar el fallo, pero también el deber moral de decir públicamente que no lo comparte". Ha explicado que el Ejecutivo siempre ha creído y defendido la inocencia de García Ortiz, pero ahora debe cumplir con la ley y activar el relevo.
La sentencia del Supremo ha sido un golpe para los partidos de derecha, que acusaron al presidente Sánchez de intentar influir en la justicia. Sin embargo, el propio Sánchez ha asegurado que "no se ha acreditado nada" y que siempre ha creído en la inocencia de García Ortiz.
En cualquier caso, el relevo del fiscal general del Estado es un hecho. En los próximos días, se pondrá en marcha el proceso de nombramiento de un nuevo fiscal general del Estado, que será una persona con una trayectoria profesional y una cualificación jurídica que garantice que ejercerá con solvencia esta función.
La decisión del Supremo ha sido criticada por algunos periodistas y inspectores de Hacienda, quienes han expresado su sorpresa y descontento con la sentencia. Sin embargo, el gobierno va a defender siempre su trabajo y su derecho a ejercerlo con garantías.