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El gobierno propone un cambio radical en el modelo de financiación autonómica, con el objetivo de inyectar más de 16 mil millones de euros en las comunidades autónomas. La propuesta del ministro de Hacienda, María Jesús Montero, prevé que el porcentaje de cesión al IRPF y al IVA se elevará del 50% hasta el 55%, y del 50% hasta el 56,5% respectivamente.
El nuevo modelo busca diseñar un sistema que aumente los recursos autonómicos para blindar el Estado del bienestar, refuerzar la autonomía y la corresponsabilidad fiscal, garantizar la solidaridad interterritorial, respetar la singularidad territorial y ser más transparente y sencillo. En conjunto, las comunidades autónomas contarán con cerca de 21 mil millones de euros más que en el modelo vigente al año 2027.
El gobierno reformula también lo que se conoce como población ajustada, que determina el número de habitantes de cada comunidad, ponderando variables que influyen en el coste de prestación de los servicios y en las necesidades de financiación. El nuevo modelo reduce las diferencias de financiación por habitante ajustado entre CCAA un 50% respecto al modelo actual.
Además, se aborda la nivelación horizontal del sistema, es decir, la solidaridad interterritorial. Para ello, se nivela al 75% la distancia de cada comunidad respecto a la media de recursos por habitante ajustado. En cuanto a la nivelación vertical, el Estado aportará en esta fase 19 mil millones de euros al sistema.
El gobierno también propone que las CCAA reciban una parte de la recaudación del IVA generada por las pymes en su territorio. Las CCAA que se adhieran al IVA Pymes deberán aplicarlo durante los siguientes cinco años.
Para abordar los desafíos de la crisis climática, se dotará al sistema de financiación de un fondo climático de unos mil millones. Dos tercios del mismo se repartirán entre las autonomías del litoral mediterráneo, mientras que el tercio restante lo recibirán el resto de comunidades.
La propuesta también prevé la existencia de un elemento de cierre para garantizar el statu quo, por lo que ninguna comunidad recibirá menos recursos de los que habría obtenido con el modelo anterior. Este mecanismo se financiará con aportaciones de la Administración central, que aportará unos 400 millones.
El nuevo modelo de financiación es considerado un paso importante para blindar el Estado del bienestar y refuerzar la autonomía y la corresponsabilidad fiscal en las comunidades autónomas.
El nuevo modelo busca diseñar un sistema que aumente los recursos autonómicos para blindar el Estado del bienestar, refuerzar la autonomía y la corresponsabilidad fiscal, garantizar la solidaridad interterritorial, respetar la singularidad territorial y ser más transparente y sencillo. En conjunto, las comunidades autónomas contarán con cerca de 21 mil millones de euros más que en el modelo vigente al año 2027.
El gobierno reformula también lo que se conoce como población ajustada, que determina el número de habitantes de cada comunidad, ponderando variables que influyen en el coste de prestación de los servicios y en las necesidades de financiación. El nuevo modelo reduce las diferencias de financiación por habitante ajustado entre CCAA un 50% respecto al modelo actual.
Además, se aborda la nivelación horizontal del sistema, es decir, la solidaridad interterritorial. Para ello, se nivela al 75% la distancia de cada comunidad respecto a la media de recursos por habitante ajustado. En cuanto a la nivelación vertical, el Estado aportará en esta fase 19 mil millones de euros al sistema.
El gobierno también propone que las CCAA reciban una parte de la recaudación del IVA generada por las pymes en su territorio. Las CCAA que se adhieran al IVA Pymes deberán aplicarlo durante los siguientes cinco años.
Para abordar los desafíos de la crisis climática, se dotará al sistema de financiación de un fondo climático de unos mil millones. Dos tercios del mismo se repartirán entre las autonomías del litoral mediterráneo, mientras que el tercio restante lo recibirán el resto de comunidades.
La propuesta también prevé la existencia de un elemento de cierre para garantizar el statu quo, por lo que ninguna comunidad recibirá menos recursos de los que habría obtenido con el modelo anterior. Este mecanismo se financiará con aportaciones de la Administración central, que aportará unos 400 millones.
El nuevo modelo de financiación es considerado un paso importante para blindar el Estado del bienestar y refuerzar la autonomía y la corresponsabilidad fiscal en las comunidades autónomas.