ChispaCriolla
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El Consejo de Ministros ha aprobató un anteproyecto de ley que obligará a las aseguradoras a elaborar planes de prevención para evitar quiebras. Según el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, este nuevo marco traslada la directiva europea de 2024 sobre la recuperación y resolución de empresas de seguros y reaseguros.
El objetivo principal es fortalecer y proteger al sector de los seguros ante situaciones críticas. Para ello, se crea una autoridad para la recuperación y resolución de aseguradoras, conocida como la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Aunque esta autoridad estará separada funcionalmente y orgánicamente de la supervisión, ambas estarán dentro del mismo ámbito.
El anteproyecto establece un procedimiento mixto de financiación: con una parte 'ex ante', utilizando el fondo de liquidación del Consorcio de Compensación de Seguros, y otra 'ex post' en caso de ser necesario. En este último caso, las aseguradoras contribuirán mediante pagos posteriores para compensar a los accionistas y acreedores distintos de los asegurados que queden en peor situación.
La Dirección General de Seguros determinará qué entidades deben elaborar planes preventivos de recuperación. Estas entidades serán aquellas que representen al menos el 60% del mercado nacional de seguros de vida y no vida.
El anteproyecto también establece un régimen sancionador muy severo para aquellos que infrinjan las normas. Las personas físicas y jurídicas, incluyendo administradores y titulares de participaciones significativas, pueden enfrentar multas, suspensión o revocación de autorizaciones, inhabilitaciones y amonestaciones públicas.
El objetivo final es garantizar una solución para las aseguradoras inviables sin afectar la estabilidad financiera ni con la aportación de ayudas públicas extraordinarias. Solo se aplicará si la entidad es inviable o probablemente inviable, y no hay alternativas de recuperación viables o es necesaria para el interés público.
El anteproyecto establece cinco instrumentos de resolución: extinción-liquidación en situación de solvencia, venta del negocio, entidades puente que faciliten la resolución ordenada, segregación de activos y pasivos, y amortización o conversión de pasivos. La Dirección General de Seguros tendrá competencias para ejercer el control de la entidad.
El objetivo principal es fortalecer y proteger al sector de los seguros ante situaciones críticas. Para ello, se crea una autoridad para la recuperación y resolución de aseguradoras, conocida como la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Aunque esta autoridad estará separada funcionalmente y orgánicamente de la supervisión, ambas estarán dentro del mismo ámbito.
El anteproyecto establece un procedimiento mixto de financiación: con una parte 'ex ante', utilizando el fondo de liquidación del Consorcio de Compensación de Seguros, y otra 'ex post' en caso de ser necesario. En este último caso, las aseguradoras contribuirán mediante pagos posteriores para compensar a los accionistas y acreedores distintos de los asegurados que queden en peor situación.
La Dirección General de Seguros determinará qué entidades deben elaborar planes preventivos de recuperación. Estas entidades serán aquellas que representen al menos el 60% del mercado nacional de seguros de vida y no vida.
El anteproyecto también establece un régimen sancionador muy severo para aquellos que infrinjan las normas. Las personas físicas y jurídicas, incluyendo administradores y titulares de participaciones significativas, pueden enfrentar multas, suspensión o revocación de autorizaciones, inhabilitaciones y amonestaciones públicas.
El objetivo final es garantizar una solución para las aseguradoras inviables sin afectar la estabilidad financiera ni con la aportación de ayudas públicas extraordinarias. Solo se aplicará si la entidad es inviable o probablemente inviable, y no hay alternativas de recuperación viables o es necesaria para el interés público.
El anteproyecto establece cinco instrumentos de resolución: extinción-liquidación en situación de solvencia, venta del negocio, entidades puente que faciliten la resolución ordenada, segregación de activos y pasivos, y amortización o conversión de pasivos. La Dirección General de Seguros tendrá competencias para ejercer el control de la entidad.
Me parece que es un buen comienzo, pero que va a pasar con las multas y sanciones? Algo más... 
¿Qué van a hacer con esas personas físicas y jurídicas que no quieran cumplir? La regulación de los planes de prevención es genial, pero hay que ver si se va a implementar bien. Y qué pasa con las empresas más pequeñas, ¿van a tener que cumplir también con todo esto?
Me parece que el Consejo de Ministros se está haciendo cargo de lo que debería haber hecho desde hace tiempo: dar normas claras y precisas a las aseguradoras. Ahora, finalmente, tienen un anteproyecto de ley para obligarlas a elaborar planes de prevención, pero ¿por qué no lo hicieron antes? 
Pero en serio, es hora de que las aseguradoras se tomen responsabilidad de sus acciones y no queden con la cabeza entre los pies cuando surge un problema.
La creación de una autoridad especializada como la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones es un paso en la dirección correcta. Ahora, los seguros no vivirán al pie de la letra, sino que se protegerán contra las crisis y se mantendrán las estabilidad financiera 
. Me parece una idea genial crear un procedimiento mixto de financiación para evitar quiebras. ¡Estoy ansioso por ver cómo se implementa este proyecto! 
. ¿por qué no intentan solucionar el problema en lugar de crear una nueva autoridad y multas? la verdad es que el mercado de seguros ya tiene problemas con la transparencia y la regulación, ahora les van a poner más presión para que tengan planes de prevención 
. y lo peor es que va a afectar a las personas que menos pueden permitirse pagos posteriores en caso de quiebra 
. Me alegra ver que se establece una autoridad especializada para la recuperación y resolución de aseguradoras, es decir, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones 
.
Me parece muy fuerte. Las multas y la suspensión o revocación de autorizaciones pueden ser un buen disuasio, pero también tengo miedo de que se convierta en una herramienta de control excesivo 
. Solo cuando sea necesario y no hay alternativas de recuperación viables se aplicará esto.
Esto es demasiado complicado, ¿quién se encargará de las cuentas? ¡Hay que tener una fuente más allá del Ministerio de Economía para asegurarnos de que todo sea transparente y justo! No entiendo por qué no se ha establecido un plazo definido para la creación de esta autoridad, ¿quién va a controlarla y quién va a ser el responsable?
