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El Gobierno presenta curso de resolución de conflictos para frenar las agresiones en prisiones
El Ejecutivo socialista ha propuesto a los funcionarios de prisiones realizar cursos de "resolución de conflictos" para combatir el aumento explosivo de agresiones contra ellos. A pesar de que las agresiones han aumentado un 125% desde que Pedro Sánchez asumió la presidencia, el Gobierno descarta reformar el Reglamento Penitenciario para castigar a los presos más violentos.
En 2024, se contabilizaron 505 agresiones en las prisiones, casi el doble que en el primer año de gobierno de Sánchez. A pesar de ello, la solución del Ejecutivo es formar a los funcionarios en resolución de conflictos, acciones formativas dirigidas a profesionales penitenciarios para resolver incidentes con mayor eficacia y menor riesgo posible.
El Gobierno admite que no existe previsión de reforma del Reglamento Penitenciario, lo que significa que no se va a producir una modificación de la norma que castiga las agresiones. En su lugar, se anuncia la puesta en marcha de un análisis de los incidentes que derivan en agresiones a profesionales penitenciarios, con el objetivo de detectar causas, diseñar estrategias preventivas y establecer medidas para evitar nuevos episodios.
La importancia del conocimiento de la población reclusa por parte de los profesionales penitenciarios es destacada. El Gobierno pretende potenciar programas de intervención tratamental para prevenir conductas de inadaptación que derivan en episodios violentos. Además, se proponen medidas de prevención para con los internos más agresivos y la organización de servicios asignados a profesionales penitenciarios.
El partido Vox ha cuestionado al Gobierno sobre las medidas preventivas que está ejecutando para abordar la desprotección de los trabajadores de centros penitenciarios frente a actos delictivos cometidos por internos. El Ejecutivo ha manifestado su posición, pero no detalla más detalles respecto a este aspecto.
El Ejecutivo socialista ha propuesto a los funcionarios de prisiones realizar cursos de "resolución de conflictos" para combatir el aumento explosivo de agresiones contra ellos. A pesar de que las agresiones han aumentado un 125% desde que Pedro Sánchez asumió la presidencia, el Gobierno descarta reformar el Reglamento Penitenciario para castigar a los presos más violentos.
En 2024, se contabilizaron 505 agresiones en las prisiones, casi el doble que en el primer año de gobierno de Sánchez. A pesar de ello, la solución del Ejecutivo es formar a los funcionarios en resolución de conflictos, acciones formativas dirigidas a profesionales penitenciarios para resolver incidentes con mayor eficacia y menor riesgo posible.
El Gobierno admite que no existe previsión de reforma del Reglamento Penitenciario, lo que significa que no se va a producir una modificación de la norma que castiga las agresiones. En su lugar, se anuncia la puesta en marcha de un análisis de los incidentes que derivan en agresiones a profesionales penitenciarios, con el objetivo de detectar causas, diseñar estrategias preventivas y establecer medidas para evitar nuevos episodios.
La importancia del conocimiento de la población reclusa por parte de los profesionales penitenciarios es destacada. El Gobierno pretende potenciar programas de intervención tratamental para prevenir conductas de inadaptación que derivan en episodios violentos. Además, se proponen medidas de prevención para con los internos más agresivos y la organización de servicios asignados a profesionales penitenciarios.
El partido Vox ha cuestionado al Gobierno sobre las medidas preventivas que está ejecutando para abordar la desprotección de los trabajadores de centros penitenciarios frente a actos delictivos cometidos por internos. El Ejecutivo ha manifestado su posición, pero no detalla más detalles respecto a este aspecto.