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El gobierno de Cataluña abrió la puerta a que las entidades sociales emitan informes de vulnerabilidad para que los migrantes puedan regularizarse. La cumbre institucional, convocada por la Generalitat, ha servido como un encuentro preliminar en el que se han discutido los pormenores administrativos de la ley.
Según Carlos Prieto, delegado del Gobierno en Cataluña, las entidades sociales podrían emitir informes de vulnerabilidad para demostrar que las personas que atienden han estado más de cinco meses en España. También es un requisito para acceder a la regularización junto a la aportación de un certificado que acredite que la persona no ha cometido antecedentes penales.
El presidente de la Taula del Tercer Sector, Xavier Trabado, ha mostrado más cautela en su posición. "Se está trabajando y se está ofreciendo que las entidades sociales puedan jugar un papel en el proceso, pero no se ha apuntado exactamente cuál sería el papel", ha matizado. Aunque también ha destacado que la participación de estas entidades en el proceso de regularización sería "una buena noticia".
La cumbre llega en un momento en el que se espera que se destinen más recursos para evitar el colapso en las Oficinas de Extranjería y en las Comisarías. El principal sindicato de la administración pública ha pedido que se aumenten los medios para evitar la saturación en estos servicios.
La Secretaría de Estado de Migraciones también ha emitido un comunicado recordando que no está abierto el plazo para la presentación de solicitudes y que el texto del decreto todavía no es definitivo. Se espera que se apruebe definitivamente en torno a principios de abril para comenzar a aceptar las solicitudes de regularización.
En total, se estima que entre 120.000 y 150.000 personas podrían beneficiarse de este proceso de regularización, aunque aún no se han establecido todos los detalles. La cumbre institucional ha sido un paso importante en el camino hacia la implementación de esta medida, pero todavía queda mucho trabajo por hacer para asegurar que el proceso sea eficiente y justo para todos.
Según Carlos Prieto, delegado del Gobierno en Cataluña, las entidades sociales podrían emitir informes de vulnerabilidad para demostrar que las personas que atienden han estado más de cinco meses en España. También es un requisito para acceder a la regularización junto a la aportación de un certificado que acredite que la persona no ha cometido antecedentes penales.
El presidente de la Taula del Tercer Sector, Xavier Trabado, ha mostrado más cautela en su posición. "Se está trabajando y se está ofreciendo que las entidades sociales puedan jugar un papel en el proceso, pero no se ha apuntado exactamente cuál sería el papel", ha matizado. Aunque también ha destacado que la participación de estas entidades en el proceso de regularización sería "una buena noticia".
La cumbre llega en un momento en el que se espera que se destinen más recursos para evitar el colapso en las Oficinas de Extranjería y en las Comisarías. El principal sindicato de la administración pública ha pedido que se aumenten los medios para evitar la saturación en estos servicios.
La Secretaría de Estado de Migraciones también ha emitido un comunicado recordando que no está abierto el plazo para la presentación de solicitudes y que el texto del decreto todavía no es definitivo. Se espera que se apruebe definitivamente en torno a principios de abril para comenzar a aceptar las solicitudes de regularización.
En total, se estima que entre 120.000 y 150.000 personas podrían beneficiarse de este proceso de regularización, aunque aún no se han establecido todos los detalles. La cumbre institucional ha sido un paso importante en el camino hacia la implementación de esta medida, pero todavía queda mucho trabajo por hacer para asegurar que el proceso sea eficiente y justo para todos.