El ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz ha presentado una demanda ante el Tribunal Supremo para anular la sentencia que le condenó a dos años de inhabilitación por filtrar la confesión del empresario Alberto González Amador, quien está procesado por dos delitos fiscales. La sentencia fue emitida tras su participación en un caso de fraude fiscal.
García Ortiz argumenta que se han vulnerado varios derechos fundamentales, como el derecho a la presunción de inocencia, la defensa y la tutela judicial efectiva. En total, presenta siete motivos de nulidad para rebajar la condena.
La nota informativa presentada por la Fiscalía fue calificada como una "respuesta institucional" que buscaba evitar que el caso se convirtiera en un escándalo y que la ciudadanía creyera que la Fiscalía estaba guiada por órdenes de arriba. Sin embargo, esta estrategia es vista con desconfianza por García Ortiz.
El documento también critica el auto del Supremo que rechazó investigar al presidente del tribunal por su participación en unos cursos de la acusación popular del Colegio de Abogados de Madrid. En ese auto se examinaron hechos vinculados a determinados miembros del órgano judicante, pero sin una valoración plena previa denuncia.
Además, García Ortiz cuestiona que la sentencia eluda los testimonios de periodistas que aseguraban haber recibido el correo electrónico de la confesión de fraude fiscal del empresario. Asegura que esta forma de razonar no es compatible con la presunción de inocencia.
La Fiscalía acusa al Supremo de ignorar pruebas que exoneraban a García Ortiz y pide anular la sentencia. El caso es muy polémico, ya que el ex fiscal general está casado con Isabel Díaz Ayuso, quien también es procesada por delitos fiscales.
El incidente de nulidad es un trámite previo para interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo, la sentencia del Supremo es firme y no se puede impugnar, por lo que sólo cabe solicitar su nulidad para poder acudir al tribunal de garantías.
En este caso, García Ortiz solicita la suspensión de la ejecución de la sentencia hasta que se resuelva el incidente de nulidad. Sin embargo, su defensa no ha presentado ese escrito dado que la actual fiscal general, Teresa Peramato, acordó incorporar a García Ortiz a la Sección de lo Social del Supremo.
La situación es muy delicada y muchos políticos y ciudadanos están siguiendo el caso con gran interés.
García Ortiz argumenta que se han vulnerado varios derechos fundamentales, como el derecho a la presunción de inocencia, la defensa y la tutela judicial efectiva. En total, presenta siete motivos de nulidad para rebajar la condena.
La nota informativa presentada por la Fiscalía fue calificada como una "respuesta institucional" que buscaba evitar que el caso se convirtiera en un escándalo y que la ciudadanía creyera que la Fiscalía estaba guiada por órdenes de arriba. Sin embargo, esta estrategia es vista con desconfianza por García Ortiz.
El documento también critica el auto del Supremo que rechazó investigar al presidente del tribunal por su participación en unos cursos de la acusación popular del Colegio de Abogados de Madrid. En ese auto se examinaron hechos vinculados a determinados miembros del órgano judicante, pero sin una valoración plena previa denuncia.
Además, García Ortiz cuestiona que la sentencia eluda los testimonios de periodistas que aseguraban haber recibido el correo electrónico de la confesión de fraude fiscal del empresario. Asegura que esta forma de razonar no es compatible con la presunción de inocencia.
La Fiscalía acusa al Supremo de ignorar pruebas que exoneraban a García Ortiz y pide anular la sentencia. El caso es muy polémico, ya que el ex fiscal general está casado con Isabel Díaz Ayuso, quien también es procesada por delitos fiscales.
El incidente de nulidad es un trámite previo para interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo, la sentencia del Supremo es firme y no se puede impugnar, por lo que sólo cabe solicitar su nulidad para poder acudir al tribunal de garantías.
En este caso, García Ortiz solicita la suspensión de la ejecución de la sentencia hasta que se resuelva el incidente de nulidad. Sin embargo, su defensa no ha presentado ese escrito dado que la actual fiscal general, Teresa Peramato, acordó incorporar a García Ortiz a la Sección de lo Social del Supremo.
La situación es muy delicada y muchos políticos y ciudadanos están siguiendo el caso con gran interés.
. La situación es muy delicada, pero lo que necesitamos es la verdad y la justicia para todos los involucrados.
Esta situación es realmente complicada, ¿entiendes? El ex fiscal general Álvaro García Ortiz está presentando una demanda para anular su propia sentencia porque le dicen que no tiene derecho a la presunción de inocencia, pero yo creo que sí, ya sabes, como si fuera injusto. ¡Estoy con él! La Fiscalía quiere pasar el peligro al Supremo, pero eso no es justo, ¿no? Y esa nota informativa que presentó, qué onda, parece un intento de evitar el escándalo y que todo esté bien, pero yo creo que no. ¡La verdad saldrá a la luz!
. La Fiscalía y la justicia en general están actuando como si fueran imunes a cualquier acusación, sin importarle qué. En mi opinión, este caso es un ejemplo perfecto del sistema judicial en España que está más interesado en proteger a sus propias personas, que en buscar la verdad y la justicia.
.
. El ex fiscal general García Ortiz está planteando una demanda para anular su propia sentencia, lo que es realmente raro 
, presentando una nota informativa que busca evadir la responsabilidad de su participación en el caso del fraude fiscal.
.