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El escenario postopa BBVA-Sabadell: lecciones aprendidas y pendientes
La oferta de compra del BBVA sobre el Sabadell ha terminado, pero deja algunas cuestiones pendientes de resolver en el ámbito legal. La ley de opas de 2007 ha sido sometida a prueba, con la definición del deber de pasividad que debe mantener la cúpula de la empresa objeto de una oferta resultando controvertida.
La defensa numantina del Sabadell, que permitió desplegar una serie de argumentos para rechazar la oferta, ha sido clave en el resultado final. Sin embargo, el BBVA sostiene que esta defensa fue clave en su fracaso y ha buscado justificar su posición alegando que las autoridades influyeron en el proceso.
El gobierno, en particular, ha sido criticado por no asumir la iniciativa de regular la industria financiera. La ley de opas es una ley de 2007 que, aunque útil, puede tener algunas revisiones.
La definición del deber de pasividad que debe mantener la cúpula de la empresa objeto de una oferta ha sido un punto controvertido. El Ministerio de Economía no parece dispuesto a asumirla a corto plazo.
Otra cuestión pendiente es la trasposición de la directiva europea de solvencia CRD6, que obligaría al gobierno a ceder a los organismos supervisores la competencia para aprobar o vetar las fusiones bancarias. También hay una duda sobre cómo calcular el precio de una segunda opa obligatoria.
En definitiva, el resultado del proceso ha dejado claro que las autoridades deben tener un papel activo en regular la industria financiera y que no se puede lanzar una operación corporativa sin tener los apoyos necesarios. Solo las fusiones amistosas salen adelante.
La oferta de compra del BBVA sobre el Sabadell ha terminado, pero deja algunas cuestiones pendientes de resolver en el ámbito legal. La ley de opas de 2007 ha sido sometida a prueba, con la definición del deber de pasividad que debe mantener la cúpula de la empresa objeto de una oferta resultando controvertida.
La defensa numantina del Sabadell, que permitió desplegar una serie de argumentos para rechazar la oferta, ha sido clave en el resultado final. Sin embargo, el BBVA sostiene que esta defensa fue clave en su fracaso y ha buscado justificar su posición alegando que las autoridades influyeron en el proceso.
El gobierno, en particular, ha sido criticado por no asumir la iniciativa de regular la industria financiera. La ley de opas es una ley de 2007 que, aunque útil, puede tener algunas revisiones.
La definición del deber de pasividad que debe mantener la cúpula de la empresa objeto de una oferta ha sido un punto controvertido. El Ministerio de Economía no parece dispuesto a asumirla a corto plazo.
Otra cuestión pendiente es la trasposición de la directiva europea de solvencia CRD6, que obligaría al gobierno a ceder a los organismos supervisores la competencia para aprobar o vetar las fusiones bancarias. También hay una duda sobre cómo calcular el precio de una segunda opa obligatoria.
En definitiva, el resultado del proceso ha dejado claro que las autoridades deben tener un papel activo en regular la industria financiera y que no se puede lanzar una operación corporativa sin tener los apoyos necesarios. Solo las fusiones amistosas salen adelante.