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Un caso de corrupción se está desentrañando en el gobierno de Isabel Díaz Ayuso tras un burofax que denunciaba los pagos por obra realizada sin licitación. En este caso, se ha podido comprobar la existencia de contratos fantasma y facturas troceadas, además de una posible prevaricación administrativa y eludición fiscal.
La investigación revela que al menos otros diez centros educativos utilizaron este mismo sistema para obtener fondos públicos sin seguir los procedimientos legales. En estos casos, se han detectado pagos que no estaban registrados ni autorizados.
El caso se relaciona con el levantamiento de obras de construcción por parte del subdirector de FP a quien la actual Consejería había señalado como responsable en una situación similar. Este constructor levantó un edificio para hacer prácticas sanitarias, pero el dinero dejó de llegar porque no estaba registrado.
El escándalo ha llegado al ministerio, donde se está investigando si hubo prevaricación administrativa y qué personas estuvieron detrás de este sistema. La Fiscalía ha acusado que la gestión fue "grosera y palmaria".
La investigación revela que al menos otros diez centros educativos utilizaron este mismo sistema para obtener fondos públicos sin seguir los procedimientos legales. En estos casos, se han detectado pagos que no estaban registrados ni autorizados.
El caso se relaciona con el levantamiento de obras de construcción por parte del subdirector de FP a quien la actual Consejería había señalado como responsable en una situación similar. Este constructor levantó un edificio para hacer prácticas sanitarias, pero el dinero dejó de llegar porque no estaba registrado.
El escándalo ha llegado al ministerio, donde se está investigando si hubo prevaricación administrativa y qué personas estuvieron detrás de este sistema. La Fiscalía ha acusado que la gestión fue "grosera y palmaria".