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El despido del director jurídico de la Abogacía Madrileña, Pedro Lescure, ha quedado expedito tras una denuncia que planteaba irregularidades en el trámite del despido. Pero lo que puede haber sorprendido a muchos es que el Colegio de Abogados de Madrid haya archivado la investigación por falta de pruebas.
La Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid había abierto una investigación por supuestas irregularidades en el despido del director jurídico, Eugenio Ribón. La denuncia planteaba que Lescure fue despedido con un despido indemnizado, lo que podía haber superado los 400.000 euros, según fuentes cercanas al caso.
La Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid ha archivado la investigación por falta de pruebas. El fiscal San Baldomero justificó el archivo de la denuncia argumentando que las circunstancias internas sobre la toma de decisión y la sustitución programada del director jurídico no son objeto de su competencia.
La fiscalía también rechazó que se hubiera producido una malversación de fondos públicos, ya que la indemnización estuvo sufragada con fondos privados del Colegio. Además, el fiscal rechaza el delito de apropiación indebida, argumentando que no se ha constatado un perjuicio para la entidad.
El despido de Lescure fue trasladado a la junta del ICAM en marzo de 2024, y Ribón anunció que Lescure había sido sometido a un “despido indemnizado” junto con otra trabajadora. La indemnización ascendió a 163.742 euros.
En realidad, el despido se resolvió con una indemnización de 107.642 euros, pero según fuentes cercanas al caso, Lescure podría haber alcanzado los 397.791,68 euros en caso de resolución desfavorable.
El Colegio de Abogados de Madrid ha vivido en el pasado otras polémicas relacionadas con la gestión de sus fondos y contratos desorbitados. Ocurrió con motivo del despido del periodista Alfonso Merlos, quien facturaba un total de 181.500 euros anuales al ICAM por encargarse de la comunicación del Colegio.
En el caso de Lescure, las denuncias de la Asociación Libre de Abogados planteaban que el despido se resolvió con un plan estratégico de sucesión en la Secretaría General y Dirección de Gabinete del Decano, lo que apuntaba a que “la sustitución ya estaba programada tiempo atrás”. Sin embargo, según fuentes cercanas al caso, el plan de sucesión no afectó las relaciones laborales de Lescure con el ICAM.
La Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid ha dejado en su decreto de archivo una puerta abierta a la petición de explicaciones por parte de los denunciantes en el seno del ICAM, fuera de la vía penal.
La Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid había abierto una investigación por supuestas irregularidades en el despido del director jurídico, Eugenio Ribón. La denuncia planteaba que Lescure fue despedido con un despido indemnizado, lo que podía haber superado los 400.000 euros, según fuentes cercanas al caso.
La Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid ha archivado la investigación por falta de pruebas. El fiscal San Baldomero justificó el archivo de la denuncia argumentando que las circunstancias internas sobre la toma de decisión y la sustitución programada del director jurídico no son objeto de su competencia.
La fiscalía también rechazó que se hubiera producido una malversación de fondos públicos, ya que la indemnización estuvo sufragada con fondos privados del Colegio. Además, el fiscal rechaza el delito de apropiación indebida, argumentando que no se ha constatado un perjuicio para la entidad.
El despido de Lescure fue trasladado a la junta del ICAM en marzo de 2024, y Ribón anunció que Lescure había sido sometido a un “despido indemnizado” junto con otra trabajadora. La indemnización ascendió a 163.742 euros.
En realidad, el despido se resolvió con una indemnización de 107.642 euros, pero según fuentes cercanas al caso, Lescure podría haber alcanzado los 397.791,68 euros en caso de resolución desfavorable.
El Colegio de Abogados de Madrid ha vivido en el pasado otras polémicas relacionadas con la gestión de sus fondos y contratos desorbitados. Ocurrió con motivo del despido del periodista Alfonso Merlos, quien facturaba un total de 181.500 euros anuales al ICAM por encargarse de la comunicación del Colegio.
En el caso de Lescure, las denuncias de la Asociación Libre de Abogados planteaban que el despido se resolvió con un plan estratégico de sucesión en la Secretaría General y Dirección de Gabinete del Decano, lo que apuntaba a que “la sustitución ya estaba programada tiempo atrás”. Sin embargo, según fuentes cercanas al caso, el plan de sucesión no afectó las relaciones laborales de Lescure con el ICAM.
La Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid ha dejado en su decreto de archivo una puerta abierta a la petición de explicaciones por parte de los denunciantes en el seno del ICAM, fuera de la vía penal.