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El Defensor del Pueblo, el máximo defensor de los derechos de las personas con discapacidad intelectual, ha elevado su actuación ante el Gobierno en relación con la pérdida de apoyos económicos que han experimentado estas personas desde la entrada en vigor de la Ley 8/2021.
Según Plena Inclusión España y Liber, esta pérdida supone un grave problema para las personas con discapacidad intelectual y sus familias, quienes deben asumir sobrecostes económicos para garantizar su calidad de vida. Este es uno de los efectos colaterales que ha generado la norma.
La reforma introducida por la Ley 8/2021 buscaba fomentar la autonomía de las personas con discapacidad sustituyendo la tutela por sistemas de apoyo que tengan en consideración las decisiones y preferencias de las personas con discapacidad. Sin embargo, este cambio normativo ha generado efectos colaterales como la Agencia Tributaria y la Seguridad Social han dejado de reconocer ciertos beneficios y deducciones a quienes ya no están bajo una "incapacitación judicial" técnica.
La Oficina del Defensor del Pueblo ha recomendado revisar con urgencia la Ley General de la Seguridad Social y la Ley del IRPF para mantener la efectividad de la protección social y fiscal en términos equivalentes a los anteriores. El objetivo es resolver el bloqueo interministerial que está perjudicando la protección social y fiscal de las personas con discapacidad intelectual.
La presidenta de Plena Inclusión España, Carmen Laucirica, explica que se trata de evitar que la reforma legal, que fue diseñada para ampliar derechos, acabe convirtiéndose en una herramienta que recorte la protección económica y social de las personas con discapacidad.
Según Plena Inclusión España y Liber, esta pérdida supone un grave problema para las personas con discapacidad intelectual y sus familias, quienes deben asumir sobrecostes económicos para garantizar su calidad de vida. Este es uno de los efectos colaterales que ha generado la norma.
La reforma introducida por la Ley 8/2021 buscaba fomentar la autonomía de las personas con discapacidad sustituyendo la tutela por sistemas de apoyo que tengan en consideración las decisiones y preferencias de las personas con discapacidad. Sin embargo, este cambio normativo ha generado efectos colaterales como la Agencia Tributaria y la Seguridad Social han dejado de reconocer ciertos beneficios y deducciones a quienes ya no están bajo una "incapacitación judicial" técnica.
La Oficina del Defensor del Pueblo ha recomendado revisar con urgencia la Ley General de la Seguridad Social y la Ley del IRPF para mantener la efectividad de la protección social y fiscal en términos equivalentes a los anteriores. El objetivo es resolver el bloqueo interministerial que está perjudicando la protección social y fiscal de las personas con discapacidad intelectual.
La presidenta de Plena Inclusión España, Carmen Laucirica, explica que se trata de evitar que la reforma legal, que fue diseñada para ampliar derechos, acabe convirtiéndose en una herramienta que recorte la protección económica y social de las personas con discapacidad.
La pérdida de apoyos económicos es un golpe duro para esas personas, especialmente cuando se les dice que la reforma era para mejorar su calidad de vida. ¡No puede ser así! ¿Quién se atreve a jugar con la seguridad financiera de las familias de personas con discapacidad intelectual? La defensora del pueblo tiene razón, debemos revisar la Ley General de la Seguridad Social y el IRPF para asegurarnos de que no pierdan sus derechos. ¡Es hora de actuar! 
. No entiendo por qué el gobierno no se ha dado cuenta de esto antes, ¿quién tiene que morir antes de que se le pasen las leyes? 
. Los beneficios económicos y sociales que les otorgaba la ley anterior ya no son válidos, lo que significa que sus familias tienen que pagar los sobrecostes económicos para asegurar su calidad de vida. Esto es una vergüenza, ¿cómo podemos decirnos que estamos modernos si no podemos proteger a nuestros ciudadanos más vulnerables? 
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. La Oficina del Defensor del Pueblo tiene razón, debemos revisar estas leyes para que las personas con discapacidad intelectual puedan seguir recibiendo los beneficios que les merecen.
. La tutela que sustituyó la Ley anterior era para protegerlos, pero ahora parece que están en riesgo 
. No puedo creer que la Ley 8/2021 haya generado este efecto colateral y que nadie sepa resolverlo 
. Es hora de que alguien se preocupe por sus derechos 
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. Es como si nos hubieran dado una oportunidad y luego nos quitasen el pasaporte para poder disfrutarla 
. ¿Qué pasa cuando las personas más vulnerables ya no tienen a nadie a su lado? La tutela era un sistema que se los arreglaba todo, ahora les toca asumir todas las responsabilidades 
.
. Las personas con discapacidad intelectual no pueden pagar sus cuentas 
. La ley 8/2021 estaba pensada para mejorar su vida, pero ahora está poniendo más obstáculos 
. Es hora de que el gobierno haga algo al respecto 
. Deben revisar esas leyes y asegurarse de que las personas con discapacidad tengan acceso a los mismos derechos y beneficios que todos 
. Esto es un tema muy importante 
. Creo que tenemos que hacer algo para ayudarlas, sin importar cuán difícil sea.
La ley iba a fomentar su autonomía, pero en lugar de eso ha generado un bloqueo interministerial que está perjudicando sus derechos. Es hora de revisar esas leyes y asegurarse de que las personas con discapacidad intelectual no sean las últimas en las filas del sufrimiento económico 
La Ley 8/2021 fue diseñada para ayudar, pero ahora parece que ha sido un error muy grande. La Oficina del Defensor del Pueblo tiene razón, hay que revisar la ley y asegurarse de que las personas con discapacidad intelectual no pierdan su protección social y fiscal. 
También me parece que es hora de que los políticos que diseñaron esta reforma se tomen responsabilidad de sus acciones 
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