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El Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) ha defendido que actuó sin influencia política o personal en el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, ex fiscal general del Estado. La entidad profesional denunció las acusaciones de los colectivos Abogados Demócratas por Europa y Defiéndete en Derecho, quienes afirmaron que el ICAM actuó bajo la "sumisión" a los intereses políticos partidistas vinculados al actual Gobierno de Madrid.
Según el ICAM, su iniciativa para presentar una querella contra la Fiscalía en este caso fue motivada únicamente por el deseo de preservar garantías estructurales del sistema de justicia. "El Colegio actuó ante la existencia de indicios que, desde una perspectiva estrictamente jurídica, podían afectar a estos principios básicos, con independencia de las personas o cargos implicados", explicó el colegio.
También destacó que su procedimiento judicial al que se refiere ya ha sido sentenciado y que "pretender revisar políticamente una actuación procesal ya concluida ni produce efectos jurídicos ni tiene cabida en el funcionamiento ordinario de una corporación de derecho público".
El ICAM también defiende que su actuación en este asunto se ha llevado a cabo con "total transparencia" y que se ha ido dejando constancia de sus decisiones en los órganos correspondientes, poniendo a disposición de los colegiados la información relevante conforme a los cauces establecidos.
Finalmente, el colegio expresó que la convocatoria de una asamblea extraordinaria está regulada de manera expresa en sus Estatutos y que no hay razón para celebrar uno sin cumplir con los requisitos formales y materiales previstos.
Según el ICAM, su iniciativa para presentar una querella contra la Fiscalía en este caso fue motivada únicamente por el deseo de preservar garantías estructurales del sistema de justicia. "El Colegio actuó ante la existencia de indicios que, desde una perspectiva estrictamente jurídica, podían afectar a estos principios básicos, con independencia de las personas o cargos implicados", explicó el colegio.
También destacó que su procedimiento judicial al que se refiere ya ha sido sentenciado y que "pretender revisar políticamente una actuación procesal ya concluida ni produce efectos jurídicos ni tiene cabida en el funcionamiento ordinario de una corporación de derecho público".
El ICAM también defiende que su actuación en este asunto se ha llevado a cabo con "total transparencia" y que se ha ido dejando constancia de sus decisiones en los órganos correspondientes, poniendo a disposición de los colegiados la información relevante conforme a los cauces establecidos.
Finalmente, el colegio expresó que la convocatoria de una asamblea extraordinaria está regulada de manera expresa en sus Estatutos y que no hay razón para celebrar uno sin cumplir con los requisitos formales y materiales previstos.