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Marina D., una mujer madrileña, tenía que coger dos trenes para abortar en Bruselas. Según el Hospital Universitario Público de Bélgica, CHU Brugmann, esta ciudad es el destino de un 40% de las españolas que se ven obligadas a viajar para interrumpir su embarazo debido a malformaciones fetales graves.
Marina recibió la noticia de que su feto tenía una malformación grave en su cerebro. El quiste interhemisférico era un diagnóstico que habían detectado antes, pero los médicos le dijeron que era muy pequeño y se podría reabsorber. Sin embargo, más tarde se descubrió que la condición del bebé era grave y que la única opción para su madre era interrumpir el embarazo.
Marina tuvo que tomar una decisión difícil: abortar o esperar a ver si su bebé mejoraba. Finalmente, decidió interrumpir el embarazo y viajar a Bruselas con su pareja. Allí, se le confirmó que su diagnóstico era correcto y que su hijo no podría sobrevivir.
La jefa del Departamento de Medicina Fetal en CHU Brugmann, la española Teresa Cos, recibe más de 200 mujeres al año que buscan abortar debido a malformaciones fetales graves. Muchas llegan desde España y se sienten obligadas a viajar lejos para acceder a este servicio.
La ley del aborto belga es similar a la española, pero hay una diferencia crucial: en Bélgica, las mujeres deben pasar por un comité clínico antes de poder interrumpir su embarazo. Sin embargo, no todos los comités están dispuestos a aprobar el procedimiento.
Las mujeres que viajan desde España para abortar en Bruselas se ven obligadas a pagar 250 euros y a someterse a un proceso rápido. Algunas llegan con una tarjeta sanitaria europea y otras tienen que hacerlo sin documentos.
Patricia Martínez, una española que viajó a Bruselas en 2018 para abortar después de una serie de pruebas erróneas, recibió una propuesta de "beneficios y ayudas para niños especiales" después de un diagnóstico incorrecto. Se quedó helada y finalmente encontró un médico que confirmó el diagnóstico y le ofreció apoyo psicológico.
La doctora Cos destaca que no puede creer que sigan llegando españolas a su hospital con este problema. La situación es especialmente trágica porque las mujeres se ven obligadas a viajar lejos para acceder a un servicio que debería estar disponible en su propio país.
Marina recibió la noticia de que su feto tenía una malformación grave en su cerebro. El quiste interhemisférico era un diagnóstico que habían detectado antes, pero los médicos le dijeron que era muy pequeño y se podría reabsorber. Sin embargo, más tarde se descubrió que la condición del bebé era grave y que la única opción para su madre era interrumpir el embarazo.
Marina tuvo que tomar una decisión difícil: abortar o esperar a ver si su bebé mejoraba. Finalmente, decidió interrumpir el embarazo y viajar a Bruselas con su pareja. Allí, se le confirmó que su diagnóstico era correcto y que su hijo no podría sobrevivir.
La jefa del Departamento de Medicina Fetal en CHU Brugmann, la española Teresa Cos, recibe más de 200 mujeres al año que buscan abortar debido a malformaciones fetales graves. Muchas llegan desde España y se sienten obligadas a viajar lejos para acceder a este servicio.
La ley del aborto belga es similar a la española, pero hay una diferencia crucial: en Bélgica, las mujeres deben pasar por un comité clínico antes de poder interrumpir su embarazo. Sin embargo, no todos los comités están dispuestos a aprobar el procedimiento.
Las mujeres que viajan desde España para abortar en Bruselas se ven obligadas a pagar 250 euros y a someterse a un proceso rápido. Algunas llegan con una tarjeta sanitaria europea y otras tienen que hacerlo sin documentos.
Patricia Martínez, una española que viajó a Bruselas en 2018 para abortar después de una serie de pruebas erróneas, recibió una propuesta de "beneficios y ayudas para niños especiales" después de un diagnóstico incorrecto. Se quedó helada y finalmente encontró un médico que confirmó el diagnóstico y le ofreció apoyo psicológico.
La doctora Cos destaca que no puede creer que sigan llegando españolas a su hospital con este problema. La situación es especialmente trágica porque las mujeres se ven obligadas a viajar lejos para acceder a un servicio que debería estar disponible en su propio país.