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La República Dominicana sigue sin resolver el problema de los apátridas, una población que ya supera 150 mil personas. El gobierno de Luis Abinader ha endurecido las políticas migratorias, obligando a los hospitales públicos a verificar e informar del estatus migratorio de sus pacientes, y también ha anunciado la construcción de un muro en la frontera con Haití.
La situación de estos migrantes es grave. Muchos de ellos se ven obligados a vivir en condiciones precarias, sin acceso a educación o salud. El gobierno dominicano ha sido condenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos por no proporcionarles protección adecuada.
"La gente paga miles de pesos a coyotes para regresar a República Dominicana. Allí es donde quedan atrapados en redes de trata y tráfico de personas que operan con la complicidad de las autoridades migratorias", denuncia Franklin Dinol, coordinador nacional del movimiento Reconoci.do.
El gobierno dominicano ha establecido un sistema de control migratorio muy restrictivo. Los migrantes son obligados a contar con una tarjeta SIM para el teléfono y no pueden acceder a estudios superiores o trabajar sin un acta de nacimiento. También es difícil obtener la nacionalidad, ya que hay leyes que excluyen a las personas de origen haitiano.
La situación de los apátridas en República Dominicana es una de las más graves del continente. El gobierno debe tomar medidas para resolver este problema y garantizar el acceso a derechos básicos como la educación, la salud y la nacionalidad para todos sus ciudadanos.
La situación de estos migrantes es grave. Muchos de ellos se ven obligados a vivir en condiciones precarias, sin acceso a educación o salud. El gobierno dominicano ha sido condenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos por no proporcionarles protección adecuada.
"La gente paga miles de pesos a coyotes para regresar a República Dominicana. Allí es donde quedan atrapados en redes de trata y tráfico de personas que operan con la complicidad de las autoridades migratorias", denuncia Franklin Dinol, coordinador nacional del movimiento Reconoci.do.
El gobierno dominicano ha establecido un sistema de control migratorio muy restrictivo. Los migrantes son obligados a contar con una tarjeta SIM para el teléfono y no pueden acceder a estudios superiores o trabajar sin un acta de nacimiento. También es difícil obtener la nacionalidad, ya que hay leyes que excluyen a las personas de origen haitiano.
La situación de los apátridas en República Dominicana es una de las más graves del continente. El gobierno debe tomar medidas para resolver este problema y garantizar el acceso a derechos básicos como la educación, la salud y la nacionalidad para todos sus ciudadanos.