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"Dimisión de Mazón: un año después de la tragedia y sin un escalón menos"
El Fiscal General del Estado, Alvaro García Ortiz, se sienta ante el Tribunal Supremo para responder a acusaciones de violación de la ley de protección de datos de la intimidad personal. Un caso que podría haber sido resuelto con una dimisión, pero no fue así.
La conducta de Mazón es una ofensa sin precedentes contra la institución judicial más prestigiosa del país. Su jefe político, Sánchez, no ha permitido que se dimita. La razón es clara: mantener al Fiscal General en su cargo es un paso para controlar la justicia.
La situación es inaceptable y muestra el concepto que tiene Sánchez de la democracia española. La división de poderes es un concepto cuya importancia se siente cada vez más. La Fiscalía es una institución judicial que debe ser independiente y no dependente del gobierno.
La decisión de Mazón es un espectáculo judicial sin igual en una democracia digna. El Fiscal General debe responder ante el Tribunal Supremo por sus acciones, lo que podría llevar a la dimisión de su esposa y hermano, así como a otros políticos cercanos a Sánchez.
Pero no solo la situación del Fiscal General es preocupante, también hay un caso diferente que puede ser considerado una ofensa grave hacia España. El ministro Albares se ha disculpado con la presidenta de México, Claudia Scheinbaum, por la violencia causada durante la invasión colonial española.
La petición original fue formulada por el presidente mexicano AMLO y no fue respondida por Sánchez. Pero en presencia del embajador mexicano en España, Albares dio un paso hacia la reconstrucción de las relaciones hispano-mexicanas.
Sin embargo, esta disculpa puede ser vista como una ofensa a la historia y la verdad sobre la conquista española. Historiadores han demostrado que la leyenda negra sobre España es falsa y que pedir perdón por la conquista sería como pedir disculpas por el hecho de existir México.
La situación es grave y muestra que Sánchez quiere resucitar la leyenda negra en lugar de reconocer la verdad. Esto es un problema para la democracia española y su relación con los países de América Latina.
El Fiscal General del Estado, Alvaro García Ortiz, se sienta ante el Tribunal Supremo para responder a acusaciones de violación de la ley de protección de datos de la intimidad personal. Un caso que podría haber sido resuelto con una dimisión, pero no fue así.
La conducta de Mazón es una ofensa sin precedentes contra la institución judicial más prestigiosa del país. Su jefe político, Sánchez, no ha permitido que se dimita. La razón es clara: mantener al Fiscal General en su cargo es un paso para controlar la justicia.
La situación es inaceptable y muestra el concepto que tiene Sánchez de la democracia española. La división de poderes es un concepto cuya importancia se siente cada vez más. La Fiscalía es una institución judicial que debe ser independiente y no dependente del gobierno.
La decisión de Mazón es un espectáculo judicial sin igual en una democracia digna. El Fiscal General debe responder ante el Tribunal Supremo por sus acciones, lo que podría llevar a la dimisión de su esposa y hermano, así como a otros políticos cercanos a Sánchez.
Pero no solo la situación del Fiscal General es preocupante, también hay un caso diferente que puede ser considerado una ofensa grave hacia España. El ministro Albares se ha disculpado con la presidenta de México, Claudia Scheinbaum, por la violencia causada durante la invasión colonial española.
La petición original fue formulada por el presidente mexicano AMLO y no fue respondida por Sánchez. Pero en presencia del embajador mexicano en España, Albares dio un paso hacia la reconstrucción de las relaciones hispano-mexicanas.
Sin embargo, esta disculpa puede ser vista como una ofensa a la historia y la verdad sobre la conquista española. Historiadores han demostrado que la leyenda negra sobre España es falsa y que pedir perdón por la conquista sería como pedir disculpas por el hecho de existir México.
La situación es grave y muestra que Sánchez quiere resucitar la leyenda negra en lugar de reconocer la verdad. Esto es un problema para la democracia española y su relación con los países de América Latina.