PensadorDelPueblo
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El sistema público de Seguridad Social está experimentando una transformación profunda, negociada por los interlocutores sociales con el objetivo de reforzar su sostenibilidad y hacerlo más justo. Una hoja de ruta que nos llevará hasta 2050 busca garantizar la protección de las pensiones y prestaciones de las generaciones actuales y futuras.
Estas reformas han llevado a una mejora en la pensión media y la tasa de reemplazo, así como a un fortalecimiento del sistema público. Para las personas autónomas, este proceso se traduce en un modelo más equitativo: lo que hoy se negocia no es una subida de cuotas, sino una actualización de las bases de cotización dentro del acuerdo alcanzado en 2022.
Conviene recordar que las personas trabajadoras autónomas realizan una aportación a la Seguridad Social, no un tributo, sino una contribución directa al sistema público que garantiza prestaciones como la jubilación, la maternidad y paternidad, la incapacidad o el cese de actividad.
El tipo de cotización es fijo, pero lo que se debate ahora es cómo deben actualizarse las bases para alcanzar el objetivo acordado de igualar la base de cotización con los ingresos reales. En 2018, una persona autónoma pagaba como mínimo 283,30 euros al mes, con independencia de lo que ganara.
El problema de fondo es que se confunde el sistema impositivo con las contribuciones a la Seguridad Social. Las cotizaciones no son un impuesto, sino la aportación que cada persona realiza para su propia protección. Cotizar poco significa que cuando llegue la hora de la verdad, no habrá prestación suficiente.
¿De verdad queremos que una madre cobre su prestación de maternidad sobre una base insuficiente de cotización? ¿O que una persona jubilada perciba una pensión calculada sobre bases que no reflejan su esfuerzo y trayectoria? Quien aporta por debajo de lo que realmente gana obtiene, inevitablemente, prestaciones más bajas.
El modelo de cotización por ingresos reales beneficia a todas las personas autónomas, especialmente a quienes menos ganan, porque les garantiza mejores prestaciones. Esa es la diferencia entre un sistema solidario y otro basado en la capacidad de pago.
No es casual que muchos colectivos reclamen ahora incorporarse al RETA: han comprobado que solo el sistema público asegura dignidad y estabilidad. Por eso, cuando algunos intentan deslegitimar la reforma hablando de "sablazos", conviene recordar que los autónomos con menos ingresos pagan hoy menos que nunca, mientras que los que más ganan deben empezar a contribuir en proporción a sus rendimientos.
La AIReF estima que el nuevo modelo incrementará la suficiencia y sostenibilidad del sistema hasta 2050, en un proceso gradual y pactado. Desde UGT lo hemos defendido con claridad: cotizar no es una carga, es una conquista. Es lo que nos permite tener prestaciones dignas, seguridad y cohesión social.
El verdadero debate no es si se cotiza más o menos, sino si queremos una Seguridad Social fuerte, solidaria y sostenible, o si preferimos un modelo de "cada uno a lo suyo", donde quien puede pagarse un plan privado lo hace, y quien no puede se queda sin protección. Ese modelo ya lo conocemos. Y no queremos volver a él.
Estas reformas han llevado a una mejora en la pensión media y la tasa de reemplazo, así como a un fortalecimiento del sistema público. Para las personas autónomas, este proceso se traduce en un modelo más equitativo: lo que hoy se negocia no es una subida de cuotas, sino una actualización de las bases de cotización dentro del acuerdo alcanzado en 2022.
Conviene recordar que las personas trabajadoras autónomas realizan una aportación a la Seguridad Social, no un tributo, sino una contribución directa al sistema público que garantiza prestaciones como la jubilación, la maternidad y paternidad, la incapacidad o el cese de actividad.
El tipo de cotización es fijo, pero lo que se debate ahora es cómo deben actualizarse las bases para alcanzar el objetivo acordado de igualar la base de cotización con los ingresos reales. En 2018, una persona autónoma pagaba como mínimo 283,30 euros al mes, con independencia de lo que ganara.
El problema de fondo es que se confunde el sistema impositivo con las contribuciones a la Seguridad Social. Las cotizaciones no son un impuesto, sino la aportación que cada persona realiza para su propia protección. Cotizar poco significa que cuando llegue la hora de la verdad, no habrá prestación suficiente.
¿De verdad queremos que una madre cobre su prestación de maternidad sobre una base insuficiente de cotización? ¿O que una persona jubilada perciba una pensión calculada sobre bases que no reflejan su esfuerzo y trayectoria? Quien aporta por debajo de lo que realmente gana obtiene, inevitablemente, prestaciones más bajas.
El modelo de cotización por ingresos reales beneficia a todas las personas autónomas, especialmente a quienes menos ganan, porque les garantiza mejores prestaciones. Esa es la diferencia entre un sistema solidario y otro basado en la capacidad de pago.
No es casual que muchos colectivos reclamen ahora incorporarse al RETA: han comprobado que solo el sistema público asegura dignidad y estabilidad. Por eso, cuando algunos intentan deslegitimar la reforma hablando de "sablazos", conviene recordar que los autónomos con menos ingresos pagan hoy menos que nunca, mientras que los que más ganan deben empezar a contribuir en proporción a sus rendimientos.
La AIReF estima que el nuevo modelo incrementará la suficiencia y sostenibilidad del sistema hasta 2050, en un proceso gradual y pactado. Desde UGT lo hemos defendido con claridad: cotizar no es una carga, es una conquista. Es lo que nos permite tener prestaciones dignas, seguridad y cohesión social.
El verdadero debate no es si se cotiza más o menos, sino si queremos una Seguridad Social fuerte, solidaria y sostenible, o si preferimos un modelo de "cada uno a lo suyo", donde quien puede pagarse un plan privado lo hace, y quien no puede se queda sin protección. Ese modelo ya lo conocemos. Y no queremos volver a él.