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El Gobierno andaluz enfrenta tres investigación judiciales por irregularidades en los contratos sanitarios a dedo. Las causas, que se iniciaron con una denuncia de Podemos y continúan siendo abiertas, investigan el uso sistemático del contrato de emergencia entre 2021 y 2024 para adjudicar centenas de millones de euros a empresas privadas sin publicidad ni concurrencia competitiva.
Un juez de Sevilla dio carpetazo a la más avanzada de las causas, aunque en su auto admitió que se habían detectado "irregularidades" y concluyó que no había delito. El Gobierno defiende la legalidad de los contratos, sin embargo, cuando elDiario.es destapó los informes de la Intervención censurando el abuso de la contratación de emergencia entre 2021 y 2024, la Junta se apresuró a anunciar la cancelación de ese tipo de contratos 24 horas después de la publicación.
La misma situación ocurre en Cádiz, donde un juez imputó a dos altos cargos del SAS por el caso de los contratos a dedo archivado en Sevilla. La querella criminal interpuesta por el PSOE busca unificar todas las denuncias en un mismo procedimiento y ha logrado reclamar "auxilio pericial" para analizar todos los expedientes de gasto bajo sospecha.
Otro juzgado de Córdoba sigue investigando la adjudicación a dedo de 243 millones de euros a clínicas privadas a través de contratos de emergencia entre 2021 y mediados de 2023. La investigación se centra en el uso sistemático del contrato de emergencia y en la concesión de 235 millones de euros en cientos de contratos menores troceados en 2021.
El caso de los contratos sanitarios a dedo ha sido objeto de una amplia investigación, y aunque se han obtenido diferentes resultados, el escenario general sigue siendo el mismo: la adjudicación irregular de contratos a empresas privadas sin publicidad ni concurrencia competitiva.
Un juez de Sevilla dio carpetazo a la más avanzada de las causas, aunque en su auto admitió que se habían detectado "irregularidades" y concluyó que no había delito. El Gobierno defiende la legalidad de los contratos, sin embargo, cuando elDiario.es destapó los informes de la Intervención censurando el abuso de la contratación de emergencia entre 2021 y 2024, la Junta se apresuró a anunciar la cancelación de ese tipo de contratos 24 horas después de la publicación.
La misma situación ocurre en Cádiz, donde un juez imputó a dos altos cargos del SAS por el caso de los contratos a dedo archivado en Sevilla. La querella criminal interpuesta por el PSOE busca unificar todas las denuncias en un mismo procedimiento y ha logrado reclamar "auxilio pericial" para analizar todos los expedientes de gasto bajo sospecha.
Otro juzgado de Córdoba sigue investigando la adjudicación a dedo de 243 millones de euros a clínicas privadas a través de contratos de emergencia entre 2021 y mediados de 2023. La investigación se centra en el uso sistemático del contrato de emergencia y en la concesión de 235 millones de euros en cientos de contratos menores troceados en 2021.
El caso de los contratos sanitarios a dedo ha sido objeto de una amplia investigación, y aunque se han obtenido diferentes resultados, el escenario general sigue siendo el mismo: la adjudicación irregular de contratos a empresas privadas sin publicidad ni concurrencia competitiva.