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El CIADI condena a España por 262 millones de euros debido a recortes a las primas de las energías renovables. El tribunal dictó un nuevo laudo definitivo después de una larga y costosa disputa entre el Estado español y dos empresas: Eiser Infrastructure Limited y Energía Solar Luxembourg.
Estas empresas invertieron en España en el pasado, desarrollando tres plantas de energía renovable bajo el régimen regulado de primas y tarifas fijas. Sin embargo, las reformas introducidas por el Gobierno alteraron de forma retroactiva las condiciones económicas esenciales de sus inversiones, provocando pérdidas sustanciales.
El CIADI concluyó que España vulneraba el principio de trato justo y equitativo, así como las expectativas legítimas de los inversores. La sentencia eleva la indemnización pendiente de pago a 262 millones de euros, lo que suma a otros 397 millones de intereses de demora y sobrecostes legales, totalizando una factura de 2.152 millones de euros.
Este caso es solo el más reciente en una serie de disputas internacionales entre España y empresas extranjeras afectadas por los impagos del Estado. En Australia, un tribunal federal dictó una sentencia histórica que ordena la ejecución de cuatro laudos arbitrales por un importe total de 469 millones de euros contra España.
Además, se han dictado distintos embargos en Reino Unido y Bélgica, mientras que el Índice de Cumplimiento de Laudos Arbitrales sitúa a España como el país con mayor número de sentencias de arbitraje pendientes de pago. La inversión extranjera captada por España se ha desplomado un 60% durante el año en curso.
Para revertir la situación, el Gobierno debe replicar el proceso de negociación que puso fin a la deuda del caso JGC con los acreedores afectados, entre ellos empresas clave en el sector energético y grandes corporaciones internacionales.
Estas empresas invertieron en España en el pasado, desarrollando tres plantas de energía renovable bajo el régimen regulado de primas y tarifas fijas. Sin embargo, las reformas introducidas por el Gobierno alteraron de forma retroactiva las condiciones económicas esenciales de sus inversiones, provocando pérdidas sustanciales.
El CIADI concluyó que España vulneraba el principio de trato justo y equitativo, así como las expectativas legítimas de los inversores. La sentencia eleva la indemnización pendiente de pago a 262 millones de euros, lo que suma a otros 397 millones de intereses de demora y sobrecostes legales, totalizando una factura de 2.152 millones de euros.
Este caso es solo el más reciente en una serie de disputas internacionales entre España y empresas extranjeras afectadas por los impagos del Estado. En Australia, un tribunal federal dictó una sentencia histórica que ordena la ejecución de cuatro laudos arbitrales por un importe total de 469 millones de euros contra España.
Además, se han dictado distintos embargos en Reino Unido y Bélgica, mientras que el Índice de Cumplimiento de Laudos Arbitrales sitúa a España como el país con mayor número de sentencias de arbitraje pendientes de pago. La inversión extranjera captada por España se ha desplomado un 60% durante el año en curso.
Para revertir la situación, el Gobierno debe replicar el proceso de negociación que puso fin a la deuda del caso JGC con los acreedores afectados, entre ellos empresas clave en el sector energético y grandes corporaciones internacionales.