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Las comunidades valenciana, cataluña y murcia seguirán con sus problemas financieros hasta 2050.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha analizado el impacto que tendrá la condonación de deuda autonómica en las diversas regiones españolas, y según sus cálculos, solo cuatro comunidades -Madrid, Navarra, País Vasco y Canarias- alcanzarán el límite legal del 13% del PIB antes de 2030.
En cambio, Castilla-La Mancha lo hará en 2033, mientras que la Comunidad Valenciana, Cataluña y Murcia seguirán sin conseguirlo dentro del horizonte previsto. Esto significa que se producirá un atraso significativo de unos doce años en el cumplimiento del límite legal de la deuda autonómica.
Estas noticias no son buenas para las cuatro regiones que están con sus problemas financieros, ya que según los datos presentados por la AIReF se reducirá su deuda conjunta en 5,1 puntos de PIB hasta situarse en el 15,9%, cuando se apruebe la condonación.
Las cuatro comunidades -Madrid, Navarra, País Vasco y Canarias- serán las únicas que cumplirán con este límite legal. Por otro lado, Castilla-La Mancha lo hará en 2033, mientras que la Comunidad Valenciana, Cataluña y Murcia seguirán sin conseguirlo dentro del horizonte previsto.
Por el contrario, cuatro territorios seguirán superando el 20% del PIB tras la quita de la deuda. En este sentido, se citan la Comunidad Valenciana (desde el 39,8%, con la quita, se reducirá hasta el 32,5%), Cataluña (del 29,3% pasará al 23,8%), Murcia (del 31% al 23,2%) y Castilla-La Mancha (del 29% al 20,5%).
Por su lado, Baleares (del 18,6% al 14,8%), Aragón (del 18,6% al 14,4%), Castilla y León (del 19% al 14,3%), Cantabria (del 18,5% al 14%) y Extremadura (del 20% al 13,7%) se situarán, tras la quita, próximas al objetivo del 13%. Además, a las cuatro comunidades que se situaban por debajo del 13% (País Vasco, Navarra, Madrid y Canarias) se sumarán: La Rioja, Galicia, Andalucía y Asturias, que también pasarán a estar por debajo del umbral establecido en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).
En cuanto al ahorro en intereses, las comunidades autónomas recibirán un gran impulso. De acuerdo con las estimaciones de la AIReF, en el primer año de la condonación, en conjunto, se ahorrarían 2.532 millones de euros y, acumulados hasta 2030, el ahorro se elevaría hasta los 15.657 millones.
Por otro lado, el Ministerio de Hacienda estimó que se reduciría este valor a 6.700 millones. La diferencia se debe al hecho de que la AIReF incluyó en sus proyecciones el ahorro a futuro de los intereses de la deuda, es decir, las refinanciaciones que habrían tenido que realizarse a medida que la deuda era venciendo.
Finalmente, el organismo independiente ha advertido sobre un error grave al aumentar este valor. La AIReF ha recordado que el alivio financiero no debe interpretarse como margen para elevar el gasto corriente. El organismo ha recordado que los pagos por intereses quedan excluidos de la regla de gasto, por lo que cualquier uso de este ahorro podría deteriorar la posición fiscal del conjunto de las Administraciones Públicas.
Por ello, la AIReF ha subrayado que la medida debe ir acompañada de condicionalidad vinculada al cumplimiento de las reglas fiscales y enmarcarse en una reforma integral del sistema de financiación autonómica.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha analizado el impacto que tendrá la condonación de deuda autonómica en las diversas regiones españolas, y según sus cálculos, solo cuatro comunidades -Madrid, Navarra, País Vasco y Canarias- alcanzarán el límite legal del 13% del PIB antes de 2030.
En cambio, Castilla-La Mancha lo hará en 2033, mientras que la Comunidad Valenciana, Cataluña y Murcia seguirán sin conseguirlo dentro del horizonte previsto. Esto significa que se producirá un atraso significativo de unos doce años en el cumplimiento del límite legal de la deuda autonómica.
Estas noticias no son buenas para las cuatro regiones que están con sus problemas financieros, ya que según los datos presentados por la AIReF se reducirá su deuda conjunta en 5,1 puntos de PIB hasta situarse en el 15,9%, cuando se apruebe la condonación.
Las cuatro comunidades -Madrid, Navarra, País Vasco y Canarias- serán las únicas que cumplirán con este límite legal. Por otro lado, Castilla-La Mancha lo hará en 2033, mientras que la Comunidad Valenciana, Cataluña y Murcia seguirán sin conseguirlo dentro del horizonte previsto.
Por el contrario, cuatro territorios seguirán superando el 20% del PIB tras la quita de la deuda. En este sentido, se citan la Comunidad Valenciana (desde el 39,8%, con la quita, se reducirá hasta el 32,5%), Cataluña (del 29,3% pasará al 23,8%), Murcia (del 31% al 23,2%) y Castilla-La Mancha (del 29% al 20,5%).
Por su lado, Baleares (del 18,6% al 14,8%), Aragón (del 18,6% al 14,4%), Castilla y León (del 19% al 14,3%), Cantabria (del 18,5% al 14%) y Extremadura (del 20% al 13,7%) se situarán, tras la quita, próximas al objetivo del 13%. Además, a las cuatro comunidades que se situaban por debajo del 13% (País Vasco, Navarra, Madrid y Canarias) se sumarán: La Rioja, Galicia, Andalucía y Asturias, que también pasarán a estar por debajo del umbral establecido en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).
En cuanto al ahorro en intereses, las comunidades autónomas recibirán un gran impulso. De acuerdo con las estimaciones de la AIReF, en el primer año de la condonación, en conjunto, se ahorrarían 2.532 millones de euros y, acumulados hasta 2030, el ahorro se elevaría hasta los 15.657 millones.
Por otro lado, el Ministerio de Hacienda estimó que se reduciría este valor a 6.700 millones. La diferencia se debe al hecho de que la AIReF incluyó en sus proyecciones el ahorro a futuro de los intereses de la deuda, es decir, las refinanciaciones que habrían tenido que realizarse a medida que la deuda era venciendo.
Finalmente, el organismo independiente ha advertido sobre un error grave al aumentar este valor. La AIReF ha recordado que el alivio financiero no debe interpretarse como margen para elevar el gasto corriente. El organismo ha recordado que los pagos por intereses quedan excluidos de la regla de gasto, por lo que cualquier uso de este ahorro podría deteriorar la posición fiscal del conjunto de las Administraciones Públicas.
Por ello, la AIReF ha subrayado que la medida debe ir acompañada de condicionalidad vinculada al cumplimiento de las reglas fiscales y enmarcarse en una reforma integral del sistema de financiación autonómica.