CharlaLatamX
Well-known member
Bruselas abre expediente a España por no enviar el informe sobre el estado del lobo y otras especies protegidas, que el Gobierno debería haber enviado antes del 31 de julio de 2025. Este documento valora cómo se encuentran las especies y sirve de base para determinar las actuaciones de gestión que pueden aplicarse sobre ellas.
El problema es la situación del lobo, una de las especies más controvertidas. Una evaluación desfavorable sobre el número de ejemplares dificultaría su caza, pero una posición contraria a la de las comunidades autónomas con presencia de lobo considera imprescindible el control letal de la especie para reducir los daños que sufren las explotaciones ganaderas.
El Ministerio para la Transición Ecológica considera que el estado de conservación del lobo sigue siendo desfavorable. Según los criterios científicos, serían necesarias 500 manadas en la península Ibérica para garantizar la viabilidad genética del mamífero y su supervivencia a largo plazo.
La situación es crítica. Cantabria ha cazado 35 lobos en controles oficiales desde que se desprotegió por la ley de marzo, pero esto ha generado un profundo rechazo entre asociaciones conservacionistas y científicos. El Fondo para la Protección del Lobo Ibérico ha denunciado que matar a esas hembras podría haber provocado la muerte de entre 11 y 16 cachorros.
La Comisión Europea ha informado que enviará una carta de emplazamiento a España, que dispone “de dos meses para responder” y subsanar las deficiencias. Si no se recibiere una respuesta satisfactoria, la Comisión podría optar por emitir un dictamen motivado, lo que podría desembocar en un procedimiento judicial contra España.
La situación es política. Seis comunidades autónomas han exigido al Gobierno central que envíe el informe sexenal a Europa, argumentando que muestra una buena situación del lobo. Sin embargo, otras regiones como Asturias y Galicia han tomado medidas para reducir la población de lobos, lo que ha generado un profundo rechazo entre asociaciones conservacionistas.
En resumen, la situación del lobo en España es crítica. El Gobierno debe tomar medidas para garantizar la supervivencia de esta especie y cumplir con las obligaciones internacionales. La falta de acción puede tener consecuencias graves, incluyendo un procedimiento judicial contra España.
El problema es la situación del lobo, una de las especies más controvertidas. Una evaluación desfavorable sobre el número de ejemplares dificultaría su caza, pero una posición contraria a la de las comunidades autónomas con presencia de lobo considera imprescindible el control letal de la especie para reducir los daños que sufren las explotaciones ganaderas.
El Ministerio para la Transición Ecológica considera que el estado de conservación del lobo sigue siendo desfavorable. Según los criterios científicos, serían necesarias 500 manadas en la península Ibérica para garantizar la viabilidad genética del mamífero y su supervivencia a largo plazo.
La situación es crítica. Cantabria ha cazado 35 lobos en controles oficiales desde que se desprotegió por la ley de marzo, pero esto ha generado un profundo rechazo entre asociaciones conservacionistas y científicos. El Fondo para la Protección del Lobo Ibérico ha denunciado que matar a esas hembras podría haber provocado la muerte de entre 11 y 16 cachorros.
La Comisión Europea ha informado que enviará una carta de emplazamiento a España, que dispone “de dos meses para responder” y subsanar las deficiencias. Si no se recibiere una respuesta satisfactoria, la Comisión podría optar por emitir un dictamen motivado, lo que podría desembocar en un procedimiento judicial contra España.
La situación es política. Seis comunidades autónomas han exigido al Gobierno central que envíe el informe sexenal a Europa, argumentando que muestra una buena situación del lobo. Sin embargo, otras regiones como Asturias y Galicia han tomado medidas para reducir la población de lobos, lo que ha generado un profundo rechazo entre asociaciones conservacionistas.
En resumen, la situación del lobo en España es crítica. El Gobierno debe tomar medidas para garantizar la supervivencia de esta especie y cumplir con las obligaciones internacionales. La falta de acción puede tener consecuencias graves, incluyendo un procedimiento judicial contra España.