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"La corrupción en Arroyomolinos: cómo una colaboradora de Ayuso y su sucesor se convirtieron en las estrellas de una trama de fraude a la Administración"
El municipio madrileño de Arroyomolinos, conocido por ser un "número tres" de la política del PP de Madrid, ha sido el escenario de una trama de corrupción que involucra a dos figuras clave del partido: la colaboradora de Isabel Díaz Ayuso y su sucesor en la alcaldía, Luis Quiroga.
La investigación, iniciada por el equipo de Ciudadanos, comenzó con la descubierta de un correo electrónico en 2015 en las que Ana Millán, la colaboradora de Ayuso, reclamaba pagos pendientes a un empresario llamado Francisco Roselló. La investigación posterior reveló que Roselló había recibido contratos públicos por un total de 660.915,21 euros, y que su esposa y hermana también habían recibido pagos de la Concejalía de Juventud.
La Guardia Civil y la Fiscalía han establecido que la colaboradora de Ayuso y su sucesor en la alcaldía cometieron los delitos de cohecho, prevaricación y fraude a la Administración. La investigación ha demostrado que se trataba de un método para blanquear una mordida a cambio de las adjudicaciones de la Concejalía de Juventud.
La jueza María Leticia García Clérigo considera que hay indicios suficientes de que Luis Quiroga modificó el acta de una sesión de la empresa pública, Emugesa, para justificar la cesación del secretario saliente y nombrar a María Isabel Santamaría Alonso como adjunta a la Presidencia.
La colaboradora de Ayuso, Ana Millán, se encuentra pendiente de que se pronuncie el juicio contra ella, después de ser imputada en 2022. Su sucesor en la alcaldía, Luis Quiroga, también ha sido imputado por los delitos de prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos.
La investigación ha demostrado que se trata de una trama de corrupción más profunda que inicialmente imaginaba el equipo de Ciudadanos. La colaboradora de Ayuso y su sucesor en la alcaldía, Luis Quiroga, habrían utilizado la empresa pública Emugesa como cobertura para blanquear sus pagos a cambio de las adjudicaciones de la Concejalía de Juventud.
La noticia del auto de fin de la instrucción y pase a procedimiento abreviado ha generado una reacción negativa por parte del alcalde, Luis Quiroga.
El municipio madrileño de Arroyomolinos, conocido por ser un "número tres" de la política del PP de Madrid, ha sido el escenario de una trama de corrupción que involucra a dos figuras clave del partido: la colaboradora de Isabel Díaz Ayuso y su sucesor en la alcaldía, Luis Quiroga.
La investigación, iniciada por el equipo de Ciudadanos, comenzó con la descubierta de un correo electrónico en 2015 en las que Ana Millán, la colaboradora de Ayuso, reclamaba pagos pendientes a un empresario llamado Francisco Roselló. La investigación posterior reveló que Roselló había recibido contratos públicos por un total de 660.915,21 euros, y que su esposa y hermana también habían recibido pagos de la Concejalía de Juventud.
La Guardia Civil y la Fiscalía han establecido que la colaboradora de Ayuso y su sucesor en la alcaldía cometieron los delitos de cohecho, prevaricación y fraude a la Administración. La investigación ha demostrado que se trataba de un método para blanquear una mordida a cambio de las adjudicaciones de la Concejalía de Juventud.
La jueza María Leticia García Clérigo considera que hay indicios suficientes de que Luis Quiroga modificó el acta de una sesión de la empresa pública, Emugesa, para justificar la cesación del secretario saliente y nombrar a María Isabel Santamaría Alonso como adjunta a la Presidencia.
La colaboradora de Ayuso, Ana Millán, se encuentra pendiente de que se pronuncie el juicio contra ella, después de ser imputada en 2022. Su sucesor en la alcaldía, Luis Quiroga, también ha sido imputado por los delitos de prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos.
La investigación ha demostrado que se trata de una trama de corrupción más profunda que inicialmente imaginaba el equipo de Ciudadanos. La colaboradora de Ayuso y su sucesor en la alcaldía, Luis Quiroga, habrían utilizado la empresa pública Emugesa como cobertura para blanquear sus pagos a cambio de las adjudicaciones de la Concejalía de Juventud.
La noticia del auto de fin de la instrucción y pase a procedimiento abreviado ha generado una reacción negativa por parte del alcalde, Luis Quiroga.