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Cuando el Teléfono suena, cuatro décadas después. María y Argimiro, los dueños perdidos de una finca en Boadilla.
La notificación que recibió Ángel Galindo, el abogado de la pareja, fue un despertar muy agradable. El 2 de octubre del pasado jueves, justo antes del mediodía, sonó el teléfono y Galindo se sorprendió al escuchar la voz eufórica que le decía: "Ángel, ¿qué noticia?". La sorpresa se debilitó cuando vio a su cliente al otro lado de la línea. "Estaba más contento Galindo que yo", dijo María dos semanas después, sonriendo mientras recibía en casa al abogado y al periódico. La pareja de 81 años y 80 años está finalmente satisfecha con la justicia después de cuatro décadas sin cobrar una indemnización por el terreno que perdieron hace 25 años en Boadilla para construir la M-50.
En el pasado jueves, Galindo recibió la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y llamó a sus clientes para darles la buena noticia. La sentencia de la Sala Segunda obliga al Ministerio de Transportes a tasar el valor de la finca que se expropió con la construcción de la M-50. El gobierno tiene 30 días para recurrir ante el Supremo. Una pregunta que los abogados de María y Argimiro no han podido evitar: ¿qué pasará si la administración decide presentar un recurso?
La notificación que recibió Ángel Galindo, el abogado de la pareja, fue un despertar muy agradable. El 2 de octubre del pasado jueves, justo antes del mediodía, sonó el teléfono y Galindo se sorprendió al escuchar la voz eufórica que le decía: "Ángel, ¿qué noticia?". La sorpresa se debilitó cuando vio a su cliente al otro lado de la línea. "Estaba más contento Galindo que yo", dijo María dos semanas después, sonriendo mientras recibía en casa al abogado y al periódico. La pareja de 81 años y 80 años está finalmente satisfecha con la justicia después de cuatro décadas sin cobrar una indemnización por el terreno que perdieron hace 25 años en Boadilla para construir la M-50.
En el pasado jueves, Galindo recibió la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y llamó a sus clientes para darles la buena noticia. La sentencia de la Sala Segunda obliga al Ministerio de Transportes a tasar el valor de la finca que se expropió con la construcción de la M-50. El gobierno tiene 30 días para recurrir ante el Supremo. Una pregunta que los abogados de María y Argimiro no han podido evitar: ¿qué pasará si la administración decide presentar un recurso?