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En Ceuta, un seminario sobre agresiones sexuales en menores ha reforzado la necesidad de adaptar la perspectiva judicial para abordar este problema grave. La ley orgánica del menor destaca la importancia de que los testigos sean escuchados en un ambiente amigable y que se evite su declaración múltiple.
La ciudad, como otras zonas de España, ha tomado nota de esta norma y busca establecer espacios específicos para tratar situaciones de violencia sexual. En Ceuta, se cuenta con un edificio dedicado a brindar apoyo y seguridad a las víctimas menores.
El equipo que opera en este espacio ha recibido formación para entender cómo abordar estos casos y enseñar a los jueces y profesionales cómo manejarlos. La coordinadora del programa, Águeda Aguilar, destaca la importancia de una detección temprana y la necesidad de brindar recursos y conocimientos a las familias y profesionales para localizar casos de violencia sexual.
La fundación también ha desarrollado un protocolo que busca proporcionar atención integral tanto al afectado como a sus seres queridos. Sin embargo, aún no se dispone de un protocolo oficial que esté en marcha, lo que genera inseguridad y confusión entre los agentes involucrados.
Para abordar este problema, la asociación Márgenes y Vínculos ofrece charlas y conferencias para resolver dudas y brindar educación a los jueces y profesionales. La adaptación del lenguaje a la edad de la víctima es fundamental, así como dejar espacio personal para evitar contaminar el relato.
La clave para superar este obstáculo radica en no sugerir cómo se ha producido el acto y evitar presionar al afectado para que relate los hechos. La prueba preconstituida es crucial para evitar la tergiversación de la narración original de los hechos.
En este sentido, la psicóloga forense Pilar Ferreiro destaca la importancia de reunirse con los padres antes de intervenir con los niños y recopilar toda la información posible. Sin embargo, las familias pueden influir en el procedimiento, especialmente si se sienten culpables o temen perder al niño.
En resumen, abordar la violencia sexual en menores requiere una perspectiva judicial adaptada que tenga en cuenta la edad y las necesidades específicas de cada víctima. La colaboración entre profesionales, familias y jueces es fundamental para brindar apoyo y seguridad a estas personas.
La ciudad, como otras zonas de España, ha tomado nota de esta norma y busca establecer espacios específicos para tratar situaciones de violencia sexual. En Ceuta, se cuenta con un edificio dedicado a brindar apoyo y seguridad a las víctimas menores.
El equipo que opera en este espacio ha recibido formación para entender cómo abordar estos casos y enseñar a los jueces y profesionales cómo manejarlos. La coordinadora del programa, Águeda Aguilar, destaca la importancia de una detección temprana y la necesidad de brindar recursos y conocimientos a las familias y profesionales para localizar casos de violencia sexual.
La fundación también ha desarrollado un protocolo que busca proporcionar atención integral tanto al afectado como a sus seres queridos. Sin embargo, aún no se dispone de un protocolo oficial que esté en marcha, lo que genera inseguridad y confusión entre los agentes involucrados.
Para abordar este problema, la asociación Márgenes y Vínculos ofrece charlas y conferencias para resolver dudas y brindar educación a los jueces y profesionales. La adaptación del lenguaje a la edad de la víctima es fundamental, así como dejar espacio personal para evitar contaminar el relato.
La clave para superar este obstáculo radica en no sugerir cómo se ha producido el acto y evitar presionar al afectado para que relate los hechos. La prueba preconstituida es crucial para evitar la tergiversación de la narración original de los hechos.
En este sentido, la psicóloga forense Pilar Ferreiro destaca la importancia de reunirse con los padres antes de intervenir con los niños y recopilar toda la información posible. Sin embargo, las familias pueden influir en el procedimiento, especialmente si se sienten culpables o temen perder al niño.
En resumen, abordar la violencia sexual en menores requiere una perspectiva judicial adaptada que tenga en cuenta la edad y las necesidades específicas de cada víctima. La colaboración entre profesionales, familias y jueces es fundamental para brindar apoyo y seguridad a estas personas.